He venido discutiendo en mis últimos Aquelarres Económicos el tema de seguridad nacional en México y en Estados Unidos y cómo las diferencias en las respectivas definiciones suscitan posibles problemas en la relación bilateral pero también entrañan oportunidades de resolverse con talento e imaginación.

 

Un aspecto clave del tema de seguridad nacional es el relativo a la competitividad de América del norte dado que el TLCAN une a Canadá, Estados Unidos y México en un círculo comercial y político con múltiples dimensiones pero que puede utilizarse para innovar en aspectos vitales para la región.

 

La competitividad en México se encuentra estancada, como era de esperarse como consecuencia de la suspensión de las reformas estructurales que debieran haber seguido a la firma del TLCAN, y que son indispensables para elevar la eficiencia de nuestra economía.

 

El otro elemento que explica el bajo dinamismo de la competitividad de los trabajadores mexicanos en su país, es la pésima infraestructura institucional y física que prevalece en su entorno productivo, que se caracteriza por medios de transportes y comunicaciones deficientes y caros, y por servicios públicos insuficientes, plagados de trámites y burocracia inútiles y costosos.

 

En esas condiciones generar empleo en México resulta muy gravoso por lo que en este sexenio sólo se crearon 442 mil plazas por año en el sector protegido de la economía –en el que se otorgan prestaciones y se pagan impuestos- mientras que se incorporan al mercado laboral 1.2 millones de personas cada año.

 

Quiénes no encuentran empleo en el ámbito económico regulado se ven obligados a buscarlo en las calles o a emigrar a Estados Unidos, dónde se estima que la productividad de nuestros trabajadores se triplica por el sólo hecho de cruzar la frontera, a pesar de las barreras que les imponen un idioma y una cultura que les resultan extrañas y con frecuencia hasta hostiles.

 

De acuerdo a un estudio reciente realizado por el Wilson Center, un think-tank de la ciudad de Washington, se estima que cada año ingresan ilegalmente alrededor de 800 mil personas a Estados Unidos, la mayor parte de ellas provenientes de México, que se suman a los 12 millones de residente ilegales.

 

El estudio titulado Inmigración y el Futuro de Estados Unidos: Un Nuevo Capítulo señala que:

 

“…si bien la mayoría de los inmigrantes ilegales no representa un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, las fronteras deben ser la primera línea de salvaguardia. En el entorno posterior al 9/11 los estadounidenses están particularmente preocupados de terroristas que crucen una frontera porosa o que ingresen fraudulentamente al país en sitios de acceso legal.”

 

En algunos círculos académicos y políticos de Estados Unidos se ha llegado inclusive a sugerir que sería conveniente obligar a México a tomar medidas para impedir que sus ciudadanos crucen la frontera con Estados Unidos, y que la inmigración ilegal de nuestro país representa una gran conspiración para recuperar los territorios perdidos en la guerra de 1848.

 

Más allá de excesos como éste, es claro que existe una presión creciente sobre el gobierno de Estados Unidos de “hacer algo” respecto a sus fronteras, aunque la única solución de fondo radica en alcanzar un crecimiento económico mucho más acelerado en México, que genere no sólo los puestos de trabajo de quienes se incorporan al mercado laboral sino que empiece a reducir el rezago anterior.

 

Para alcanzar el desarrollo económico con estas características en México, se requiere adoptar políticas públicas para que la competitividad de la economía crezca rápidamente, para lo que es necesario retomar la senda de las reformas estructurales.

 

Sin embargo, la cooperación en el ámbito de los países del TLCAN puede contribuir en forma importante, como argumentaré mañana.