Sigo hoy con la discusión para entender mejor el complicado rompecabezas de la seguridad nacional en México y Estados Unidos, y cómo podemos tomar ventaja de la obsesión que tienen los estadounidenses por conseguir controlar sus fronteras ante el amago de una inmigración ilegal incontrolable.

 

Concluí ayer que una condición sine-qua-non para generar suficientes empleos bien remunerados en México, situación que sin duda contribuiría a detener el flujo migratorio a EU, es restaurar el crecimiento de la competitividad de la economía, lo que requiere adoptar las reformas estructurales pendientes.

 

Si bien la plena responsabilidad de lo anterior radica en las políticas públicas que adopte el gobierno de México, es perfectamente posible reclutar el apoyo de nuestros socios en el TLCAN para allegarnos de recursos adicionales y asesoría técnica para emprender obras de infraestructura esenciales.

 

Quienes tuvimos alguna participación en conseguir la aprobación del TLCAN a principio de los años noventa, teníamos claro que México no podía aspirar a apoyos financieros como los que recibieron países miembros de la Unión Europea de menor desarrollo económico relativo, como España y Portugal.

 

La razón era muy sencilla. En el caso de norteamérica tales recursos, que provendrían sobre todo de Estados Unidos, serían de inmediato catalogados como “ayuda externa” y controlados por la cámara baja de su Congreso, que suele imponerles todo tipo de condiciones políticas a cambio.

 

Esta situación no ha variado, pero ante los nuevos imperativos de mejorar la seguridad del área me da la impresión que están dadas las condiciones necesarias en Estados Unidos para conseguir que en el marco del TLCAN se canalicen cantidades importantes de recursos a mejorar la infraestructura en México en proyectos relacionados con nuestra seguridad regional.

 

Tales obras, que incluirían inversiones cuantiosas en instalaciones ferroviarias, carreteras, puertos, etc., estarían ostensiblemente vinculadas a mejorar las condiciones de seguridad en la región fronteriza pero coadyuvarían también a elevar la competitividad en México al abatir costos productivos en todo el país.

 

Si se consigue, por ejemplo, que el Congreso norteamericano apruebe recursos para aportar capital al Nadbank –Banco de Desarrollo de América del Norte-, institución que se creó para apoyar la infraestructura que facilite una mejor integración económica entre México y Estados Unidos, se habría dado un paso importante para canalizar recursos del norte al sur en condiciones aceptables.

 

Otro ámbito que es crucial para reanudar el crecimiento en la competitividad de la economía mexicana es la restauración de un Estado de Derecho efectivo que permita que se cumpla la ley en todo el territorio nacional, en particular en zonas donde el crimen organizado actúa con plena impunidad.

 

En este renglón, las posibilidades de cooperación binacional son enormes ante la evidente vinculación de los narcotraficantes con otras actividades ilegales como el contrabando, sobre todo de armas y personas.

 

Para que un programa como este funcione cabalmente, tiene que incorporar no sólo las labores de “inteligencia” sino también las de rastrear el tráfico de substancias y personas ilegales en los territorios de ambos países, para lo que se requiere de un trabajo mucho más cercano de las autoridades respectivas.

 

El presidente electo de México Felipe Calderón, ha enfatizado que la primera prioridad de su mandato es restaurar el Estado de Derecho perdido en diversas zonas del país, incluyendo parte de nuestras fronteras, y recuperar las condiciones que les permitan a los ciudadanos vivir en paz.

 

Dada la descomposición que prevalece a este respecto, tan ímproba labora requiere de una muy estrecha colaboración con las autoridades de Estados Unidos. De otra naturaleza, su gobierno se verá forzado a actuar de manera unilateral en proyectos fallidos, como el de la valla aprobada recientemente, para detener el ingreso de inmigrantes ilegales a su territorio.