Política Industrial (II) 
En el artículo pasado destaqué algunos elementos que tiene
que guiar la política industrial de la nueva administración: reducción de los
costos de transacción para las empresas a través de un proceso rápido y
profundo de desregulación en los tres niveles de gobierno, garantía del
cumplimiento de los contratos a través del fortalecimiento de los poderes
judiciales federal y estatales y una mejora en los registros públicos de la
propiedad y del comercio así como un cambio estructural en el sistema de
seguridad social para reducir los incentivos para los trabajadores a permanecer
en la informalidad. Obviamente estos son solo algunos de los elementos. Otros,
también importantes son: un combate frontal a las prácticas monopólicas,
una mayor apertura de la economía y una intermediación financiera más
eficiente.
Uno de los mayores costos que enfrentan las empresas del
país, de cualquier rama de actividad económica, es enfrentar prácticas monopólicas en sectores claves de la economía, lo que se
traduce en una menor competitividad en el mercado internacional de bienes.
Destacan al respecto los monopolios y las prácticas monopólicas
en telecomunicaciones, transporte aéreo, transporte marítimo de cabotaje,
cemento y todo el sector energético, particularmente en electricidad, pero hay
también otras prácticas monopólicas que incrementan
los costos de operación para las empresas vis
a vis los que enfrentan las empresas localizadas
en otras partes del mundo como por ejemplo las prácticas notariales. Introducir
elementos de competencia en todos estos mercados a través de modificaciones
legales y regulatorias que permitan el acceso de
nuevos oferentes de estos bienes y servicios, así como una mayor actividad antimonopólica por parte de
Otro frente sobre el que hay que actuar es la apertura de la
economía. Aunque la economía mexicana es una de las más abiertas del mundo como
resultado de los diferentes acuerdos de libre comercio, aun hay un importante
trecho que recorrer cuando se trata de importaciones provenientes de países con
los cuales no existen tales acuerdos. Mantener aranceles elevados para tales
importaciones evita, en gran medida, que las empresas nacionales no puedan
acceder en condiciones competitivas a proveedores más baratos, es decir, la
permanencia de tales aranceles deriva en una desviación del comercio
internacional hacia proveedores más caros pero con los cuales se tiene un
tratamiento comercial preferencial. Moverse hacia una apertura integral de la
economía sin duda reduciría los costos para las empresas nacionales.
Un tercer elemento es lograr un proceso de intermediación
financiera más eficiente. Durante el pasado sexenio mucho se avanzó para tener
un mercado financiero más competitivo, particularmente en el ramo bancario, así
como un acceso con reglas más claras y eficientes de rendición de cuentas y de
protección a los accionistas minoritarios en el mercado de valores. Estos
avances tienen que profundizarse para que las empresas, particularmente las
medianas, puedan tener acceso a financiamiento a un menor costo.
La política
industrial del gobierno no tiene por qué ser una pasiva. Hay muchísimas áreas
en las cuales el gobierno tiene que intervenir. El punto central de tal
intervención no es generar, por política gubernamental, a los ganadores y perdedores,
no es dar rentas a algunos a cambio del bienestar de otros. La política
industrial del gobierno es, simple y llanamente, dotar a las empresas de reglas
claras, transparentes y carentes de discrecionalidad en su aplicación por parte
de una burocracia que, por su naturaleza, es buscadora de rentas. Dotar a la
economía de este marco institucional en el cual prevalezcan los mercados
competitivos es más que suficiente.
En medio del ridículo perredista,
tomó posesión Felipe Calderón. Esperemos que su actuación como presidente sea
ante todo, un sólido compromiso con la legalidad, con fortalecer y hacer que se
cumpla un íntegro estado de derecho. Es nuestra única salida de la mediocridad
en la que hemos vivido.