En columnas anteriores, señalamos que de las 5 causas de accidentes de tránsito mortales (ATM) que identificamos, 3 son responsabilidad directa del Estado y gobierno, y 2, de los conductores; que en lugar de atacar todas las causas, el gobierno desatiende las de su responsabilidad, pero carga la mano contra el conductor; que un buen ejemplo es el proyecto de reforma a la Ley de Tránsito que contempla sanciones desproporcionadas, confiscatorias, como lo son: ¢364.000 por rebasar en curva en una ruta de dos carriles y suspensión de la licencia por dos años; y ¢234.000 para quienes irrespeten la luz roja de un semáforo.

 

Asimetría de poder. Este proyecto tipifica la peligrosa asimetría de poder que existe entre gobernantes y gobernados. Las causas principales de los accidentes —insuficiencia de vías (carreteras y carriles), más el pésimo diseño y mal estado de las carreteras— son responsabilidad de los gobernantes, pero para ellos no hay castigo. Si se pretende castigar severamente al conductor por acciones que pueden desembocar en ATM, ¿cuánto debería ser el castigo para los diferentes funcionarios gubernamentales que, por desatender las causas que son de su responsabilidad, provocan aún más ATM? ¿Qué tal:

 

§         20 años de cárcel para todos los gobernantes involucrados en el desvío, hacia otros usos, de los impuestos recaudados para atender las carreteras.

 

§         ¢10.000, a la ministra, por cada hueco en las rutas principales.

 

§         ¢10 millones, a cada ingeniero involucrado en el pésimo diseño de los accesos a las vías principales.

 

§         15 años de cárcel, a la ministra y los ingenieros, por el mal diseño de una carretera?

 

Corrupción policial. Otro aspecto de esta autoritaria e insensata propuesta de reforma a la Ley de Tránsito es la corrupción que engendrará. En la vida, cada uno se enfrenta a situaciones donde se encuentra indefenso ante otro u otros más fuertes, quizá, bien armados, dispuestos a violar alguno de sus derechos humanos más básicos, como el derecho a la integridad física (violación o mutilación) o a disponer de sus bienes materiales (auto, dinero). En estas circunstancias, lo único que queda, lo racional es tratar de minimizar los costos. Por ejemplo, una mujer que está a punto de ser violada por un hombre armado, puede optar por ofrecerle dinero a cambio de que no la viole, si, para ella, el costo es menor. Claro, no faltará quien la acuse de corruptora.

 

Cada vez que un individuo se encuentre ante la disyuntiva de pagar una multa de ¢364.000 al CONAVI días o meses después o pagar ¢10.000 en el sitio y olvidarse del asunto, optará, racionalmente, por lo segundo. Por otra parte, los policías tendrán un estímulo para cazar a más “infractores” y cobrar las multas ahí mismo, claro, con un buen descuento.

 

Todo esto, que es producto de una infeliz iniciativa, irá en desmedro de la fibra moral de la sociedad. Un efecto secundario que no se debe ignorar.