Calderón
ha dicho que “las crecientes necesidades de nuestro
país implican la urgencia de reformas institucionales que nos permitan
enfrentar la modernidad con las mejores herramientas e instrumentos”. Más que
la práctica de determinadas políticas económicas, que modifican, a favor de
unos y en contra de otros, los resultados obtenidos por los agentes económicos
en los mercados, lo que necesitamos para lograr más crecimiento, desarrollo y
progreso económico son instituciones que permitan el mejor funcionamiento
posible de los mercados, para que seamos capaces de producir más y mejor para
un mayor número de gente.
En
la economía mexicana urge el cambio institucional, es decir, la modificación de
las reglas del juego, afirmación que la mayoría acepta, pero sin tener claro el
sentido de dicho cambio. Es más, la pregunta que yo mismo he hecho en escritos
anteriores es si, aceptada la urgencia de reformas institucionales,
Calderón tienen claro el sentido de las mismas.
Reformar las instituciones, ¿para qué? La respuesta más socorrida es: para
alcanzar más productividad y competitividad. De acuerdo, ¿pero cómo se
consigue?
En
el ámbito de la economía la respuesta es clara: reformar las instituciones, que
no son otra cosa más que las reglas del juego, para, uno, reconocer plenamente,
definir puntualmente y garantizar jurídicamente la libertad para emprender y
consumir, así como el derecho de propiedad privada sobre los ingresos, el
patrimonio y los medios de producción y, dos, para abrir todos los mercados a
la competencia, lo cual supone la eliminación de cualquier privilegio otorgado
por el gobierno a cualquier grupo de interés a manera de apoyo, protección,
subsidio, concesión monopólica, etc.
Bien
entendida, la reforma de las instituciones es, antes que otra cosa, un conjunto
de cambios en las reglas del juego con el fin de que el Estado, sus leyes y sus
gobiernos cumplan con aquella tarea que no deben dejar de cumplir: respetar y
hacer respetar la libertad y la propiedad de los agentes económicos. La reforma
de las instituciones es, antes que una cuestión de tipo económico, relacionada
con la eficacia, un asunto de tipo ético, que tiene que ver con la justicia.
Pero resulta que en materia de las reglas del juego, sobre todo en el campo de
la actividad económica, lo justo es, además, lo más eficaz. ¿Queremos más
progreso económico? El camino es el de la libertad para emprender y consumir,
el de la propiedad privada sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de
producción. En materia del marco institucional de la economía lo justo es,
siempre, lo eficaz. Además hay que tener
en cuenta que la libertad y la propiedad requieren mercados abiertos, es decir,
la posibilidad de la competencia: allí donde el gobierno, por la razón que sea,
elimina o limita la competencia, prohibiendo la participación de todo aquel que
quiera participar, viola el derecho a la libertad para emprender, y a la
propiedad sobre los medios de producción, de quienes, queriendo participar en
ese mercado, no lo pueden hacer porque el gobierno se los prohíbe, imponiendo
barreras artificiales a la entrada de nuevos participantes y, por ello, de más
competidores.
¿Cuál
debe ser el sentido de la reforma institucional? La libertad, la propiedad y la
competencia. ¿Sabrá Calderón, más allá de lo obvio, qué se requiere para que el
Estado, sus leyes y sus gobiernos respeten la libertad y la propiedad de la
persona? ¿Estará consciente Calderón de las muchas maneras en las que el marco
institucional vigente, comenzando por el capítulo económico de