El imperio de la ley 
Ciudad de Guatemala (AIPE)- Con el 38% de los
votos emitidos, Daniel Ortega Saavedra -el conocido comandante sandinista que ocupó el poder durante más de 10 años- logró
la presidencia de Nicaragua en las elecciones del 5 de noviembre pasado. A
pesar de que el total de votos recibido estuvo obviamente muy lejos de la
mayoría absoluta, Ortega no necesitó de una segunda vuelta para llegar a la
presidencia: según la reciente reforma constitucional aprobada en ese país centroamericano
y puesta en vigor por primera vez para esta elección, quien logra el primer
lugar en los comicios puede ser proclamado vencedor si obtiene más del 40% de
los sufragios totales o menos aún, apenas un 35%, si lograba una diferencia de
5% o más que su inmediato competidor. Extraños estos números, ¿verdad?
Las segundas vueltas electorales, tan comunes
ahora en América Latina que muy pocos países –como México y Venezuela- no las
han incorporado a sus sistemas políticos, se han creado para evitar que alguien
pueda llegar a la presidencia de un país con un escaso apoyo popular en
condiciones en que el voto se haya dividido entre varias fuerzas políticas. Al
tener que realizarse una segunda vuelta con los dos candidatos más votados –como
es usual- el electorado tiene tiempo de reflexionar, de realinear sus
preferencias, de poner en contacto sus deseos y aspiraciones con la realidad
del país. Se evita así la emergencia de gobiernos débiles, con escaso apoyo
partidario o ciudadano, que pueden acercarse a situaciones de inestabilidad o
de ingobernabilidad, como las que tuvo, por ejemplo, el ex presidente
venezolano Rafael Caldera a fines del siglo pasado.
La curiosa reforma nicaragüense no ha tomado en
cuenta ninguna de estas consideraciones: si Ortega puede darse por satisfecho
con el 38% que ha logrado, porque es la votación que normalmente obtenía su
partido en elecciones anteriores, los candidatos derrotados, en cambio, tienen
razones para sentirse defraudados por un sistema que les ha negado la victoria:
si se suman los votos obtenidos por Montealegre
(Alianza Liberal, 30%) y por Rizo (Partido Liberal Constitucionalista, 26%)
podemos apreciar que Daniel Ortega se encuentra en minoría ante las fuerzas de
centro derecha, tanto en el voto popular como en el congreso. Su gobierno, por
lo tanto, resultará debilitado y tal vez comprometido por esta circunstancia,
ya que una clara mayoría del país no se siente representada por su controversial
figura.
¿Por qué se ha llegado a esta situación, poco
común en verdad, y hasta sorprendente para muchos? La principal razón es que la
reforma constitucional mencionada provino de un pacto que realizaron los sandinistas y el
Lo ocurrido en Nicaragua es un buen ejemplo de
lo que sucede en casi todos los países de América Latina: se respeta la ley, no
cabe duda, pero la ley es deficiente, a veces absurda, casi siempre elaborada
con deliberación para favorecer a ciertas personas,
partidos o grupos de interés. El imperio de la ley (el “rule
of law” del cual se sienten
tan orgullosos los anglosajones) es en nuestras tierras una burda caricatura
gracias a que la usa el poder del estado
para favorecer o exculpar a ciertas personas. Es sólo una forma refinada de
despotismo que sirve para que –desde el poder político- se puedan avasallar los
derechos básicos de los ciudadanos. La politización de la justicia y la
arbitrariedad de las leyes nos sitúan muy lejos de alcanzar el Estado de
Derecho que resulta indispensable para nuestro progreso.
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Doctor en ciencias sociales y profesor de