No juzguemos a los legisladores por sus palabras, porque seguramente tendremos
la impresión de que nuestro país no es gobernable. Consideremos más bien sus
acciones y quizá la idea que obtendremos será muy distinta.
Desde que empezó la actual legislatura, el pasado 1 de septiembre, los
mexicanos nos hemos quedado con la imagen de que los diputados y los senadores
de los distintos partidos políticos simplemente no tienen capacidad para
dialogar y llegar a acuerdos. Ese día que comenzó la legislatura, los senadores
y diputados del PRD tomaron la tribuna del Palacio Legislativo e impidieron que
el entonces presidente Vicente Fox pudiera dar su mensaje desde ese lugar.
En los días previos a la toma de protesta del nuevo presidente, Felipe
Calderón, y el mismo día en que ésta finalmente se llevó a cabo, los diputados
del PRD y del PAN se liaron a golpes y empujones como consecuencia del intento
de los perredistas por impedir la toma de protesta
que ordena el artículo 87 de
Pero la belicosidad del lenguaje no debe hacernos perder de vista que
en lo que realmente vale, en los hechos, se han registrado los acuerdos mínimos
para hacer que las cosas funcionen. En noviembre, por ejemplo, los senadores de
los tres principales partidos –sí, incluyendo a los del PRD— estuvieron de
acuerdo en nombrar a los seis nuevos magistrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de
De la misma manera, el 1 de diciembre, a pesar de las declaraciones de
los priístas de que la sesión debía cambiarse de sede o de que el ex presidente
Vicente Fox no debía asistir, los diputados y senadores del PRI entraron al
salón de plenos de
Esta disposición a llegar a acuerdos se ha manifestado también en el
presidente Calderón. Tan pronto como el nuevo jefe de gobierno de la ciudad de
México, Marcelo Ebrard, nombró a su procurador de
justicia y a su secretario de seguridad pública, el presidente Calderón los
ratificó sin chistar. Había en ello una señal a Ebrard
y a los perredistas de que está dispuesto a colaborar
con ellos y dejarles los espacios necesarios para operar.
Los perredistas en el Senado no pagaron con
la misma moneda al gobierno de Calderón ya que votaron en contra de la
ratificación de Eduardo Medina Mora como procurador general de la república y
de los secretarios y subsecretarios de Hacienda que por ley deben ser aprobados
por el Senado. Pero a pesar del voto en contra de los perredistas,
los priístas y los verdes dieron el respaldo que permitió la ratificación de
todos estos funcionarios.
La conclusión está ahí para quien
quiera verla. Por lo menos hasta ahora -y hay que reconocer que la batalla por
el presupuesto del 2007 puede ser mucho más complicada— las descalificaciones
verbales de los legisladores no se han traducido en una parálisis a las decisiones
que debe tomar el Congreso.