Si la solución para lidiar con el problema que plantean para la economía mexicana la existencia de monopolios no es adoptar controles de precios que causarían daños mucho más severos que los que se pretenden prevenir, como discutimos en días pasados, ¿qué podemos hacer al respecto?

 

Hay que empezar, antes que nada, por definir de qué estamos hablando. Existe un monopolio puro o absoluto cuando hay una sola empresa que ofrece un producto o un servicio para el que no existen substitutos cercanos, en un mercado determinado.

 

Obviamente al ser la única empresa en el mercado puede vender su producto o servicio más caro de lo que podría hacerlo de haber competencia, por lo que la existencia de monopolios favorece enormemente a los accionistas de la empresa a costa de los consumidores que pagan precios más elevados.

 

Para que pueda existir un monopolio puro, además de haber una sola empresa cuyo producto o servicio no tenga substitutos cercanos, es necesario que haya barreras que impidan el acceso de otras empresas a ese mercado, barreras que pueden ser naturales o artificiales.

 

Un monopolio “natural” es aquel en el que los costos fijos para instalarse en un mercado son tan elevados que hacen imposible que acudan a ofrecer ese servicio o producto más oferentes. Normalmente en estos casos las economías de escala son tan importantes que sería muy ineficiente tener varias empresas.

 

Ejemplos típicos de monopolios naturales son las empresas que ofrecen los servicios de agua, drenaje o gas entubado en una ciudad, la distribución de fluido eléctrico, y servicios de transporte público como el metro, aunque este tiene substitutos más o menos cercanos en el transporte público de superficie.

 

Para evitar que los monopolios naturales abusen de su situación se justifica que las autoridades los regulen o que ellas mismas ofrezcan el servicio. En el primer caso, se puede inducir a la empresa a que mantenga costos elevados, al asegurarle un margen de utilidad independientemente de su eficiencia.

 

En el segundo caso se tiene la virtual certeza que la entidad estatal encargada de ofrecer el servicio en cuestión será ineficiente porque no existen los incentivos para que no lo sea. Este caso está claramente ejemplificado por el servicio de agua potable en la ciudad de México que su nuevo alcalde, Marcelo Ebrard, colocó en el centro de la atención pública en días pasados.

 

El servicio de agua potable en la capital es malo y caro para quienes tienen instalado medidor, mientras que es virtualmente gratuito para quienes no lo tienen y pagan una cuota fija o, peor aún, están conectados al servicio en forma clandestina. Además, es sabido que la red de distribución se encuentra en un estado desastroso por lo que se desperdicia una gran cantidad de agua.

 

En la última casa que tuve en la Lomas de Chapultepec –con gran visión vendí todas mis propiedades en la ciudad al llegar López Obrador al gobierno capitalino-, precisamente dónde el neo-demagogo Ebrard amenazó con “quitarles el agua a los ricos,” yo pagaba más de lo que me hubiera costado la misma cantidad de agua en Londres o Nueva York.

 

Si la regulación pública no funciona apropiadamente y los monopolios naturales en manos burocráticas menos, ¿cuál es la solución? Subastar el servicio al mejor postor periódicamente y otorgarle el contrato a la empresa que ofrezca proporcionar el mejor servicio al menor precio.

 

Si bien los monopolios naturales plantean problemas graves para llegar a la solución económica y de equidad óptima, ese no es el caso de los monopolios que no son naturales porque para ellos las barreras a la entrada de nuevos competidores son artificiales.

 

Mañana exploraré el caso de estos monopolios “antinaturales.”