El pasado 17 de noviembre compartí con los lectores algunas reflexiones acerca de esas añadiduras –unas negativas, otras positivas- que genera la actividad económica y que los economistas llaman externalidades (ver “De las cosas que son gratis”). Un caso típico de externalidad negativa son las emisiones contaminantes de los automóviles; el automóvil es un bien particular, desde luego legítimo, que junto con muchos beneficios para su dueño o usuario genera excrecencias –contaminación, entre otras- que afectan a toda la comunidad.

De este concepto de externalidades –desarrollado por el economista Arthur Pigou (1877-1959)- han surgido los llamados “impuestos pigouvianos” o “impuestos al pecado” o, para acuñar otro nombre, “impuestos a lo socialmente nocivo”. La sola existencia de estos gravámenes ha sido motivo de una aleccionadora y acalorada polémica entre los economistas.

En términos muy esquemáticos, el impuesto pigouviano busca disminuir las externalidades negativas o compensar los costos sociales que las externalidades causan, elevando el precio de la actividad o del bien que provoca dicha externalidad indeseable.

Por una parte, los defensores de esta clase de impuestos, encabezados por Gregory Mankiw, autor de un libro de texto ya clásico para la enseñanza de los principios de la economía y profesor en Harvard, aparecen agrupados en el “Club Pigou” con miembros tan prestigiosos y disímiles como Alan Greenspan, Gary Becker, Larry Summers, el juez Richard Posner o el político Al Gore.

Por otra, ha surgido el club anti-Pigou, que critica esta clase de impuestos, siguiendo en gran medida las objeciones originales de Ronald Coase, premio Nobel de Economía en 1991, quien sostiene que los impuestos pigouvianos castigan tanto a productores como a consumidores y pueden tener efectos secundarios indeseables.

Algunos ardientes defensores del liberalismo económico descalifican este género de impuestos motejándolos sin más de intervencionismo gubernamental, pero en muchos casos esta objeción suena más a dogma de escuela (lo cual no es muy liberal, por cierto) que a un análisis racional y científico del asunto. Otros, igualmente liberales, pero más prácticos, no desdeñan el potencial de estos impuestos para generar incentivos deseables socialmente, sin incurrir en odiosas e ineficaces prohibiciones (como sucede en el caso del costoso y fracasado combate al narcotráfico).

Esta polémica no es, como podría pensarse, otra “discusión bizantina” entre académicos sino un asunto de políticas públicas que afecta en forma decisiva la vida cotidiana de todos los habitantes del planeta.

Por lo pronto, confieso que a mí me deja esta polémica con más preguntas que respuestas. Abundantes preguntas que, sin ser exhaustivo, compartiré mañana con los lectores.