Hasta hace apenas algunas semanas los dirigentes del PRD negaban cualquier vínculo con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO. Pero en el momento en que Flavio Sosa fue detenido por la Procuraduría General de la República, esta posición cambió de súbito. El propio vocero del PRD, Gerardo Fernández Noroña, anunció que el partido cubriría todos los gastos legales de Sosa. Y lo haría, dijo, porque Sosa es miembro del partido… y no sólo miembro, sino integrante del consejo político nacional.

 

Poco a poco van quedando claros los contactos y los recursos que permitieron que la APPO mantuviera durante meses sus bloqueos en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. El lazo con el PRD, tantas veces negado, hoy es evidente. Un partido político que recibe dinero de los contribuyentes a través de las prerrogativas del IFE parece estar subsidiando un movimiento político que les causa daño a los oaxaqueños con el sólo propósito de propiciar el derrocamiento de un gobernador electo democráticamente.

 

Las máscaras están cayendo. El PRD está planeando nuevas acciones y protestas en Oaxaca. A los dirigentes perredistas les preocupa que el movimiento de la APPO se haya desinflado en las últimas semanas. Las clases se han reanudado ya en las escuelas de todo el estado. Han desaparecido las barricadas que impedían el libre tránsito en la ciudad. Más de 150 presuntos dirigentes e integrantes de la APPO han sido detenidos. La ciudad recupera poco a poco su normalidad económica.

 

Si consideramos la rapidez con la que se resolvió la situación de Oaxaca una vez que la autoridad federal tomó la decisión de actuar en contra de la APPO, de hecho, debemos preguntarnos por qué pasó tanto tiempo para que el ex presidente Vicente Fox se decidiera a aplicar la ley. Hay en esto una lección para los políticos. Si bien se puede entender que se defienda la libertad de expresión y de manifestación, no es posible permitir que un grupo tome como rehén a toda una ciudad y la mantenga así por tiempo indefinido, como lo hizo la APPO con Oaxaca, sólo para obtener un beneficio político que las urnas no le concedieron. Los gobiernos federal y estatal se tardaron mucho en actuar con vigor para ponerle un alto a la APPO.

 

Hay grupos que están interesados en perseguir sus propias agendas sin prestar atención al beneficio de la sociedad. La APPO es una de ellas. Ha mostrado ya claramente estar vinculada al PRD en una alianza cuyo propósito es derrocar al gobernador Ulises Ruiz del PRI, quien derrotó al candidato del PRD y del PAN, Gabino Cué, en la elección del 2004.

 

Pero esto simplemente no es democrático. De qué nos sirve tener elecciones, contar con un amplio y costoso sistema electoral financiado por los contribuyentes, si después el partido perdedor busca revertir el resultado organizando bloqueos y actos de violencia.

 

El PRD afirma haber peleado por la democracia durante años. Pero hoy tiene que decidir si quiere ser un partido democrático o un simple grupo de choque.