El desafío principal de la administración de Felipe Calderón en materia de política económica es, quizá, el cuerpo de cambios pendientes en el sistema fiscal. Este sufre de diversas y documentadas distorsiones, que generan costos de ineficiencia, así como graves injusticias en el universo de la economía interna. Sin embargo, a pesar de las promesas de llevar a cabo una reforma fiscal basada en el impuesto único (el famoso “flat tax”), esta es un área donde la mayoría de analistas suponen que, de plano, ni se puede, ni se podrá. Los intereses políticos y populares al cambio propuesto son demasiado grandes para lograr el objetivo de una solución radical al problema fiscal del país.

No es así. Al contrario, el ámbito fiscal representa un área de oportunidad para la combinación de soluciones radicales creativas, que logren una transformación estructural bajo una estrategia basada en un fuerte apoyo popular, y político. Nuevamente, la idea no es rebasar por la izquierda, sino buscar alinear los incentivos en una forma, un esquema de juegos, donde todos los participantes (popular, político, económico) puedan ser ganadores. Ruth Richardson, la gran arquitecta de las transformaciones en Nueva Zelanda, suele decir que en política económica, hay que pensar con la cabeza, pero ejecutar con el corazón. Es decir, una transformación que no incluya una red social de protección probada para hacer frente a las contingencias ocasionadas por el ajuste inicial, así como posibles perdedores de corto-plazo, no tendrá el éxito buscado.

En un reciente e importante análisis sobre el reto fiscal del país, Sergio Sarmiento afirma que “no es ningún misterio lo que se debe hacer en el tema fiscal. El gran problema es cómo vencer a los grandes intereses que se oponen a la simplificación y racionalización de los impuestos. Lo importante es que sigamos avanzando, aun cuando la reforma ideal siga siendo eso, un ideal.” Para Sarmiento, lo “ideal” sería una tasa única de alrededor de 15% sobre el ingreso, pero que a la vez eliminara todo el amplio universo de exenciones, deducciones y privilegios; en consumo, lo ideal sería, también, una tasa de alrededor de un 10%, pero que sea aplicable a absolutamente todos los productos, incluyendo alimentos y medicinas, y en todas las regiones del país. Sin embargo, si “somos realistas,” deberemos de concluir, según la perspectiva de Sarmiento, que las posibilidades de realizar “lo ideal” en materia fiscal son “muy limitadas.” Hay demasiadas telarañas mentales (el impuesto no es progresivo) e intereses especiales (“tabú político”) que impiden llevar a cabo el cambio fiscal. En las palabras de Sarmiento, “las fuerzas conservadoras han encontrado en este tema una causa populista que no abandonarán,” por lo cual concluye que en este sexenio “habrá que ser mucho más modestos, o políticamente realistas, en cuanto a los límites de la reforma fiscal.”

El diagnóstico de Sarmiento parece contundente. Sin embargo, creemos que, en el rubro fiscal, sí se puede—es decir, sí se puede lograr un cambio fiscal radical, basado en la alineación de los incentivos populares, políticos y de la lógica económica. El problema es que el punto de venta está basado en la tesis, contundente pero insuficiente para mover las fuerzas mercadológicas, que las injusticias de regímenes de tasas diferenciadas, ya sea a nivel de consumo o a nivel de ingreso, implica que los que menos tienen acaban, sobre todo en materia de consumo, subsidiando a los que más tienen. La verdadera razón por la cual se debe unificar la tasa de impuesto al valor agregado, no reside en que habrá mayor recaudación, o más para repartir, sino que se eliminarían las injusticias derivadas de un sistema diferenciado, el fenómeno de “hood-robinismo” fiscal, donde los que más tienen, y los que sí pueden pagar, se llevan la gran tajada del privilegio, mientras que los que menos tienen dejan de recibir, en forma directa, lo que se podría generar por medio de la unificación tributaria.

Los intelectuales, analistas, legisladores, líderes sindicales, políticos, y otros más, se oponen a la unificación de tasas bajo el pretexto de que esta medida golpeará a los que menos tienen, ya que la mayoría de estos sufrirán un aumento en la cantidad proporcional de los ingresos que destinan al gasto en alimentos y medicinas, mientras que en materia de ingreso, “los ricos” dejarán de pagar lo que deberían pagar. Empero, partimos de datos, no de fantasías populistas: el régimen de tasas diferenciadas, sobre todo en consumo, implica que dejamos una gran cantidad de recursos fiscales sobre la mesa, al no recaudar recursos de aquellos que sí pueden pagar el impuesto de 10% (o 15%, o lo que sea) en alimentos y en medicinas. En concreto, de cada peso que se deja de recaudar por subsidiar a los que menos tienen con una tasa cero alimentos y medicinas, a la vez se deja de recaudar hasta cuatro pesos (sino es que más) por no gravar a los que sí pueden pagar. Esa desproporción equivale a privilegiar a los que sí pueden pagar a costas de lo que no pueden pagar.

La solución radical, por ende, es encontrar un medio de apoyo a los potencialmente golpeados por la tasa única (o sea, los primeros seis deciles de la población) en la etapa de transición hacia un régimen fijo. El impacto del aumento hacia el 10% de tasa en impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas equivale a un aumento en el gasto promedio de unos 73 pesos en las familias del sector más pobre de la población. El desafío, pues, es que el gobierno encuentre una forma de hacer llegar estos recursos a la población objetivo antes de que entre en vigor el nuevo régimen fiscal y con ello subsidiar por la vía del gasto el impacto sobre el ingreso familiar de la unificación.

La propuesta, incluso, podría ser de cada peso adicional que se tendría que pagar, para las familias más pobres, destinar un subsidio “copeteado,” digamos, de dos pesos. El truco financiero sería hacer llegar esta cantidad de futuros ingresos a estas familias, pero antes, y no después, de que se ejecute la reforma. El aspecto ex ante es fundamental, ya que con ello se logran alinear los incentivos de los políticos, con los del universo objetivo de causantes, y por supuesto con los objetivos económicos de la reforma.

La forma de hacer esto es por medio de una operación de factoraje fiscal, es decir, usar las facturas de futuros ingresos fiscales esperados como garantía para financiar un instrumento especial de deuda pública, con vencimiento a largo-plazo, a una tasa igual o más atractiva de las tasas a las cuales hoy ya se coloca papel gubernamental. Los nuevos recursos se destinarían a un fideicomiso transparente, cuyo comité sería responsable en otorgar, a través del padrón actualizado, los subsidios correspondientes. El bono se podría ir amortizando en la medida que se vayan captando nuevos recursos tributarios derivados del aumento proyectado en la recaudación.

De esta forma, ya no se puede usar la excusa de “los pobres” para enmascarar los privilegios fiscales, y detener los incrementos derivados de la generalización del impuesto al consumo. Los ciudadanos que menos tienen ya estarían potenciados con recursos antes de la entrada en vigor del cambio en régimen. Eso, psicológica y políticamente, hace una diferencia crucial. La operación no impacta negativamente sobre las finanzas públicas, al estar basadas con la garantía de futuras facturas fiscales, en un solo centavo.

De esta forma, los jugadores estarían alienados, cada quién con lo suyo—el jugador popular, con un subsidio con diente, dado antes de la reforma; el jugador político, sin tener que pagar la factura del odiado “progresivismo,” o todavía más odiado impuesto a alimentos y medicinas; y el jugador económico, con la madre de todas las reformas, la gran transformación pendiente para elevar nuestra competitividad, la reforma fiscal. Así, sí se puede.