La columna de las objeciones a los impuestos a lo socialmente nocivo es casi tan abultada como la columna de las ventajas de estos instrumentos de política pública. Lo cierto es que este es un terreno en el que, sin perder de vista la necesidad de preservar la libertad de elección de cada persona, no caben las respuestas absolutas.

No sabemos. Lo que hoy nos parece una externalidad negativa con el paso del tiempo –y con el avance científico y tecnológico- podría desaparecer. También puede suceder lo inverso, que lo que hoy nos parece una externalidad que merece premiarse –digamos, sustituir el uso de los derivados del petróleo por el uso de energéticos “verdes” como combustible- genere excrecencias nocivas e indeseables que no habíamos previsto. (En cierta forma, esto está sucediendo con el uso de aceite de palma como energético alternativo que está causando, indeseablemente, la devastación de selvas en algunas regiones del sudeste de Asia).

Ya se mencionó ayer el problema clave de la elasticidad de la demanda ante aumentos en los precios. El caso específico de los impuestos al tabaco ha mostrado que el tabaquismo es una adicción suficientemente poderosa como para volver casi inelástica la demanda de los fumadores adictos. Se conjetura que, de cualquier forma, en el caso de los impuestos al tabaco y otros “impuestos al pecado” o pigouvianos, la recaudación puede destinarse a paliar los daños a la salud causados por esa adicción; pero es obvio que los beneficios de la prevención –abstención del tabaco- son infinitamente superiores a los beneficios del mejor tratamiento médico disponible una vez que el daño está hecho.

La objeción de fondo se refiere al respeto irrestricto que los gobiernos deben tener hacia la libertad de elección de las personas. Pero, puestos a elegir, siempre será preferible que el gobierno incentive determinadas conductas mediante herramientas no-coercitivas (como un gravamen) a que se erija en supremo policía autoritario que prohíba y castigue conductas que se consideran indeseables. Tal es el caso, dramático, de las llamadas drogas duras. Vista la ineficacia y las terribles consecuencias derivadas de la prohibición de tales drogas (incremento sustancial de la violencia y de la criminalidad, porque la prohibición genera un gigantesco incentivo perverso de carácter económico a favor del tráfico ilegal), parece claro que sería más eficaz –y más respetuoso de la libertad de elegir- optar por la legalización de los estupefacientes pero gravarlos con impuestos pigouvianos (y destinar los recursos recaudados a campañas de prevención y de información masiva sobre los terribles daños que causan tales drogas: “Usted elije cómo matarse: Es más barato e indoloro arrojarse a las vías del tren que inhalar cocaína”), aunque el solo planteamiento de la legalización escandaliza todavía a muchos.

Habrá que seguir con el asunto.