La negociación es la esencia misma de la política. Son tantos los actores que participan en cada decisión, tantos los intereses vertidos en cada tema, tanto, en suma, el poder a repartir, que es necesario tomar y dar, cooperar y ceder. Las reglas del juego, formales e informales, establecen parámetros para este ejercicio.

 

Sin embargo, es necesario que estas reglas tengan un efecto positivo en los resultados, que sirvan para alinear los intereses de los agentes políticos con sus mandantes: los ciudadanos. En ese sentido, algunas reglas deberían ser innegociables. Algunos principios deberían ser inamovibles.

 

Del ejercicio negociador, no deben resultar nombramientos indefensibles ante la mirada del público en pago por apoyos electorales. No puede pactarse la inmovilización de una ciudad a cambio de acuerdos en otras arenas. No puede resultar la adjudicación de contratos para obras inexistentes ni la impunidad del robo descarado, en trueque por apoyos. No puede regalarse territorios al narco a cambio de su “respeto” a otros espacios. No puede protegerse a algunos poderosos en detrimento de la sociedad. En donde la negociación se torna oscura e inconfesable, ésta pierde su nombre y se convierte en franca corrupción, la cual nadie puede defender como regla del juego.

 

Más evidente que nunca resulta en este momento la negociación del presupuesto federal, que no es otra cosa que el ajuste de cuentas que nunca fueron transparentes a los ciudadanos. En buena medida, es la hora de los premios y castigos, no de distribución a las necesidades más imperantes y sensatas. Qué lejos está esto de ser un ejercicio de negociación.

 

Cuando el Congreso se envuelve en diversas causas para rechazar los montos de las partidas propuestas, pero se rehúsa a aceptar cualquier cambio que pudiera incrementar la recaudación fiscal, no está negociando la política pública. Está jalando agua para su propio molino. Cuando el Ejecutivo pacta al respecto, no está admitiendo un error en su política pública inicial, está cediendo ante presiones que nunca conoceremos. Lo peor del asunto es que, sin mayoría en el Congreso, el partido en el gobierno tiene pocas alternativas: o le cree a aliados cuya estabilidad como tales se sabe de antemano volátil (léase el PRI), o sus propuestas quedan en el aire.

 

Claramente, las reglas actuales no están funcionando. Todos nos percatamos de ello durante el proceso electoral. Al terminar ese traumático trance, parecía haber un acuerdo generalizado de que las campañas son demasiado largas y costosas. Sin un consenso respecto del papel de la intervención del Presidente en funciones, al menos había el acuerdo respecto a la necesidad de discutirlo. Lo mismo puede decirse del papel de los medios, la Iglesia y otros factores que intervinieron negativamente en las elecciones. En fin, se esperaba la tan cacareada reforma política.

 

No obstante, más tardó en plantearse el tema de “consenso”, es decir, la reducción de costos y tiempos de las campañas, que el bloqueo en llegar. El PRD, en efecto, ha mandado virtualmente el tema a la congeladora, cual si no estuviera consciente de que el infinito periodo electoral fue exactamente lo que jugó en su contra. Los incentivos de los demás partidos a presionar por este tema que tanto preocupa a los mexicanos, son mínimos. Quién va a tomar como estandarte adelgazar sus propias arcas.

 

El escenario no es especialmente prometedor en términos de acuerdos legítimos, que no nos cuesten más de lo que obtenemos a cambio. Pero también es cierto que en la transparencia y la rendición de cuentas está el principal antídoto para la desalineación de los intereses de agentes y mandantes. En la medida en que las elecciones se ganen con buenos gobiernos, el pleito presupuestal será para darles mejores resultados a los gobernados. Si los pactos oscuros salen a la luz pública, si quienes tienen un conflicto de interés lo revelan a todos y fundamentan sus decisiones, las negociaciones comenzarán a estar orientadas positivamente y no a ser un instrumento de intercambio de impunidades.

 

Si los políticos sólo lentamente empiezan a temer a las urnas, siempre han temido cervalmente al descrédito público pues a veces (sólo a veces, pero ya es algo) puede resultar en el fin de una carrera política. Y el descrédito no tiene que venir de un videoescándalo obtenido a través de medios ilegales. Bien puede venir de que todos sepamos que se asignan sueldos arbitrarios, que contratan a sus parientes sin revelar que lo son ni acreditar su aptitud al cargo, que no se ejerce el presupuesto asignado, y decidamos castigar esos comportamientos.

 

Es nuestra responsabilidad demandar esas cuentas, utilizar los medios de acceso a la información que ya están disponibles y solicitar que se nos otorgue la que no esté, hasta que sepamos qué se da a cambio de qué.

 

Una breve postdata: Agradezco a los lectores de Asuntos Capitales el espacio que hasta ahora hemos compartido. Esta es mi última columna del año: me voy de vacaciones. Felices fiestas a todos.