Con relación a lo expuesto en el primer artículo de esta serie, nos queda claro el panorama complicado que la nueva administración política de Calderon tiene enfrente. Su primer reto, como gobernante será reconstruir el tejido político y realizar el nuevo contrato social mexicano del siglo XXI: Establecer una relación sana y funcional entre el Estado y la sociedad.

Durante la gestión foxista, el debate político mexicano giró en torno a la idea de un dualismo de reformas necesarias, reformas económicas y reformas políticas. La necesidad de profundizar las reformas iniciales realizadas en la década de los noventa introdujo al debate el reconocimiento en torno a que era necesario reformar el Estado: Remoldarlo, hacerlo funcional, quitar de por medio los estorbos burocráticos para lograr capitalizar al país. Al menos, el modelo parecía claro, reformas de segunda generación.

¿Qué sucede, sin embargo, si el debate es más complicado que esto? ¿Qué sucede cuando la necesidad de reformas no sólo requiere profundizar y abrir los canales de capitalización sino, al mismo tiempo, poner al aparato estatal en el plano tan básico donde debe estar?

Ojo con el nuevo escenario mexicano. A partir de este diagnóstico, los que están en el poder —sea cual fuera su ideología o sistema de ideas y valores— evitan por todos los medios ejercer el monopolio del uso de la fuerza, pues, se les tildaría de anti democráticos, y los que están en la oposición —sea cual fuera su ideología o sistema de ideas y valores— reclaman, en muchos casos, el uso de la fuerza movidos con la intención de que se activen esos mecanismos de crisis. En este escenario poco importa si unos son de centro-izquierda y otros de centro-derecha, con la eterna dificultad que existe para aplicar estas categorías teórico políticas a un México en donde ha existido un anarquismo feudal corporativista.

Frente a ello, cabe asumir que un país que no logra los consensos sociales, políticos y mediáticos para ejercer el monopolio del uso de la fuerza dentro de parámetros racionales y legales aún no ha completado su salida de la crisis de gobernabilidad y que todo su proceso de estabilización y crecimiento económico y consolidación institucional está sujeto a las crisis latentes que genera la falta de esos consensos básicos. La nueva agenda de Calderon debe de ser más chica y pragmática. Devolviendo la fuerza al Ejecutivo Mexicano para garantizar los plenos derechos individuales y las garantías mínimas, en pocas palabras, un Estado capaz de proteger y defender al ciudadano común y corriente de aquellas entidades que quieren rivalizar en el juego del poder. Si la guerra de la gobernabilidad se gana en México, el camino se abre mucho más rápido para ejecutar las reformas necesarias. Un México con gobernabilidad cae, necesariamente, por su peso hacia una agenda para modernizar el Estado y la Economía.

El desafío central, como lo muestra la historia, recae más en los líderes y tomadores de decisión, políticos y sociales. En conclusión, todo se torna más confuso y disfuncional cuando la hipersensibilidad social hacia la fase coercitiva del Leviatán convive con activos reclamos por la seguridad ciudadana y la transformación de este tema en un estandarte electoral, tal como en el pasado lo fueran la inflación y el desempleo. Pero hoy lo económico esta en segundo plano. Está en juego el elemento central de todo contrato político, vivir en paz, vivir tranquilos y que alguien o algo se encargue de potenciar esta posibilidad.