Como señalé en mi Aquelarre Económico de ayer la estabilidad de las principales variables económicas –nivel de precios, paridad y tasas de interés- a la que contribuyó en forma importante el manejo responsable de las finanzas públicas, es condición necesaria para el buen desarrollo del sistema financiero.

 

La importancia que tiene para el crecimiento de un país contar con un sistema financiero sólido y eficiente es enorme pues alienta la formación de ahorro que, a su vez, es canalizado a más y mejores proyectos de inversión. Sin un buen sistema financiero, este proceso no ocurre o lo hace mal, con elevados costos para la sociedad.

 

Cuando una economía se desenvuelve en un clima de inestabilidad –inflación sin control, alta volatilidad del tipo de cambio, elevadas tasas de interés– se distorsiona el mercado crediticio, se reducen los recursos disponibles para el crédito, se encarece la intermediación financiera y se favorece la búsqueda de rentas improductivas y la especulación de corto plazo.

 

Con base en la estabilidad alcanzada, el gobierno previo realizó una revolución jurídica e institucional para hacer más eficiente el marco regulatorio y de supervisión de las instituciones financieras y para que éstas operen con mayor eficacia, transparencia y rendición de cuentas a sus clientes y accionistas.

 

Las reformas instrumentadas han comenzado a rendir frutos al ampliar y facilitar las garantías en el otorgamiento de créditos, generar más opciones de financiamiento, asegurar mejor los ahorros de las personas y disminuir los costos de transacción en beneficio de los usuarios.

 

También se esperan elevados beneficios sociales derivados de la mayor protección jurídica e institucional a los inversionistas, incluyendo a los minoritarios que antes carecían virtualmente de salvaguardia alguna, y de las sanciones por malas prácticas de gobierno corporativo.

 

Como resultado de estas medidas se ha reanimado en forma importante el crédito. El financiamiento total otorgado por el sistema financiero mexicano al sector privado creció por encima del 70% en términos reales, al pasar de 18% del PIB en 2000 a cerca del 24% al final de 2006.

 

El crecimiento real acumulado del financiamiento a usuarios privados en los últimos seis años fue muy notable: el crédito al consumo aumentó espectacularmente en casi 500%, mientras que el crédito comercial creció más de 30%, y el crédito hipotecario, que fue prácticamente inexistente por dos generaciones de mexicanos, aumentó en casi 60%.

 

Se han ampliado y diversificado tanto los instrumentos de ahorro y crédito como el perfil institucional del sector, fortaleciéndose la competencia entre los bancos, y entre éstos y los intermediarios no bancarios. El acceso al mercado de nuevos jugadores, alentado por la autoridad, acicateará aún más una sana competencia en beneficio de los consumidores.

 

Hoy las instituciones financieras que operan en México están sólidamente capitalizadas y muestran índices de desempeño muy favorables, al tiempo que cumplen con puntualidad y eficiencia con los nuevos requisitos internacionales que ha adquirido México para detectar e impedir el lavado de dinero y la realización de operaciones financieras por parte de organizaciones criminales.

 

El papel de la banca de desarrollo también se modificó de cuajo en los últimos seis años con el propósito de que las instituciones sirvieran mejor a un mayor número de clientes, particularmente entre las empresas medianas y pequeñas y los usuarios de crédito de menores recursos.

 

Con las reformas y cambios jurídicos e institucionales conseguidos por la secretaría de Hacienda con Francisco Gil a la cabeza, se dio acelerado impulso para que el sistema bancario contribuya en forma definitiva al desarrollo nacional y dotarlo de una solidez sin precedente en nuestra historia financiera.

 

Mañana analizaré la política seguida por las autoridades financieras en los últimos seis años en materia de reducción de la deuda pública.