Una reforma fiscal correcta debe ser, primero, reforma presupuestaria y, solamente después, reforma tributaria. Una reforma fiscal correcta debe comenzar por responder las siguientes tres preguntas. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Cuánto necesita para hacerlo? ¿Cómo debe hacerlo? Lo anterior implica, obviamente, que la reforma fiscal correcta supone la reforma del gobierno. De allí que resulte, si no imposible, sí muy difícil.

Haciendo de lado, para efectos de estos Pesos y Contrapesos, la fase presupuestaria de la reforma fiscal, centro la atención en la dimensión tributaria de la misma, la que tiene que ver con tres preguntas básicas: ¿qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, y a quiénes cobrárselos? Las respuestas correctas a estas preguntas son: impuestos al consumo; la misma tasa en todos los casos; a todos los consumidores, y a cualquier consumo.

El sistema impositivo correcto, tanto desde el punto de vista de la eficacia, como de la justicia, es el del impuesto único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin excepción), no expoliatorio (para que su cobro no se convierta en un robo con todas las de la ley), al consumo (no al ingreso, no al patrimonio). El sistema impositivo mexicano está integrado por muchos impuestos, que gravan el ingreso, el patrimonio y el consumo; con tasas expoliatorias en muchos casos; con muchas excepciones, y con diversas tasas, lo cual lo hace ineficaz e injusto. ¿Cómo evitar esto último? Con un impuesto, parejo, al consumo.

¿Por qué? No solamente porque desde el punto de vista de la eficacia y la justicia es lo correcto, sino porque así lo exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos por partes.

Comienzo haciéndole, a usted lector, la siguiente pregunta: ¿tiene el ser humano derecho al producto íntegro de su trabajo? La mayoría de los cuestionados responde afirmativamente, convencidos de que toda persona tiene derecho al producto total de su esfuerzo laboral, por lo cual nadie debe, por la fuerza, apropiarse de una parte del mismo, algo que se reconoce en el artículo 5 constitucional, en el cual se afirma que “nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”. ¿Pero qué otra cosa, sino privarnos de parte del fruto de nuestro trabajo, hacen los impuestos que gravan el ingreso y el patrimonio, por ejemplo, el ISR, el predial o la tenencia?

Dos observaciones entre paréntesis. Primera: si todo mundo tiene derecho al producto de su trabajo, ¿qué justifica el cobro de impuestos que gravan el ingreso y el patrimonio, que son el fruto del trabajo, sobre todo cuando los mismos se usan con fines redistributivos, es decir, cuando el gobierno le quita a unos para darle a otros? Segunda: al final de cuentas los impuestos que gravan el consumo privan al contribuyente, indirectamente, de parte del producto de su trabajo.

Al margen de estas dos observaciones, me queda claro que el fundamento constitucional a favor del impuesto al consumo lo encontramos en el artículo 5 de la Constitución, que no deja lugar a dudas: “nadie puede ser privado del producto de su trabajo”, lo cual me lleva, lógicamente, a la siguiente pregunta: los impuestos que gravan el ingreso y el patrimonio, ¿no son anticonstitucionales?

Continuará.