Una regla no escrita de la política es que la corrupción tiende a aumentar mientras más tiempo se mantiene el mismo partido en el poder. El control del ejecutivo familiariza a los partidos con los mecanismos de asignación de recursos del estado. Peor aún, independientemente de las motivaciones iniciales que tuvieran para buscar el poder, el paso del tiempo convierte toda ideología en una tradición y toda misión en una rutina. Aquellos que otrora querían construir la democracia, devienen en funcionarios públicos que saltan de puesto de confianza en puesto de confianza más preocupados de mantener sus cargos que de ver sus viejos ideales convertidos en realidad.

La historia de las coaliciones en América Latina y en el mundo nos enseña que pasado mucho tiempo en el poder, la corrupción se convierte en la principal causa de la derrota electoral. El exitoso gobierno de Felipe González en España terminó siendo derrotado mucho más por los efectos negativos de la corrupción que por las ideas y propuestas del Partido Popular. Por más credibilidad que tuviera el mismo González, los electores españoles decidieron que era hora de cambiar de timonel cuando los escándalos de corrupción terminaron por paralizar las iniciativas legislativas de los socialistas. José María Aznar fue el primer derechista después de la muerte de Franco en llegar democráticamente al poder impulsado por un poderoso voto de castigo del electorado español hacia el socialismo. En el pasado, Chile también experimentó el fenómeno de la captura del estado. Los partidos políticos oficialistas se convirtieron en agencias de empleos durante el Frente Popular. Y no se diga nada de las décadas de gobiernos priístas, en los cuales, toda la estructura política del país se pintó de color revolución.

Democracias y dictaduras sucumben a la tentación de meter las manos cuando llevan muchos años en el poder. A diferencia de las dictaduras, las democracias tienen mecanismos institucionales que permiten vigilar los actos del ejecutivo y sancionar las malas prácticas. En realidad no hay ningún problema con buscar una continuidad política, pero hay que justificar las razones. La continuidad política debe promoverse y buscarse para lograr profundizar aquellas reformas estructurales de liberalización que no fueron posibles de implementarse en el primer término. La continuidad debe buscarse si ya existen cuadros técnicos que pueden mantener a flote los acuerdos políticos. La continuidad política debe preferirse, si hay sabiduría y experiencia, frente a un nuevo esquema político que carezca de conocimiento de causa.

Pero esta noción de continuidad madura y racional enfrenta hoy un desafío monumental.

Mientras más se demore en actuar decididamente para fortalecer las instituciones de fiscalización existentes y adoptar medidas draconianas a favor de la probidad, más se alimentará el creciente descontento de una opinión pública hastiada con los crecientes escándalos de corrupción. La rampante corrupción institucional, el enriquecimiento ilícito a base de las arcas nacionales, la explosión de nuevas burguesías bajo la sombra del poder político, mina las bases morales de cualquier gobierno, sin importar cuales pudieran haber sido sus logros.

A lo largo y ancho de la región, la lección de los últimos 15 años en materia electoral política nos enseña que, cuando el electorado sopesa, no importan los grandes logros económicos o la estabilidad, sino la fibra moral de un gobierno. Darle forma a un proyecto político maduro significa no solamente una agenda de reformas funcionales a todo nivel, sino, además, la aceptación de que nada justifica (ni siquiera el éxito rotundo de las reformas) el uso indiscriminado y oscuro de los recursos fiscales. Esta incomprensión de la fibra moral política nos demuestra, con los escándalos de corrupción en los casos de Cavallo, Pinochet, Salinas de Gortari y tantos otros, que no importa qué tan fundamental hayan sido las reformas económicas, el mal uso de los recursos fiscales tira por tierra la continuidad de estos procesos. Hay un componente moral en la forma en cómo se implementan las reformas, sobre todo aquellas que traspasan del entorno estatal al entorno privado. No reconocer esto impide que lo político tome forma, que la agenda política pueda echar mano de aquellos instrumentos racionales y funcionales que permitirán la construcción del desarrollo.

El continente latinoamericano no hace mucho tomó la senda de la liberalización, la apertura de mercados, el crecimiento económico y el gobierno ágil. Hoy en día el escenario es otro: La concentración de poder, la estatización y la búsqueda de aplanadoras políticas o asambleas constituyentes. Habrá que esperar que los nuevos “liberadores” cometan sus propios errores, pero mientras tanto, se hace imposible darle forma a lo político.