Siguiendo con aquellos elementos dentro del marco institucional que inhiben el crecimiento económico en México, trataré en este artículo dos que son muy relevantes, la baja escolaridad en conjunto con una mala calidad del capital humano y legislación laboral vigente.

El sistema educativo nacional basado en la provisión gubernamental de la educación y sin una efectiva rendición de cuentas tanto por parte de las autoridades gubernamentales en la materia y menos aun por parte de los encargados de ofrecer directamente el servicio, es decir los profesores, aglutinados en un sindicato que por tener un enorme poder político y económico los protege de su ineficiencia (y sus prebendas surrealistas como las de los maestros de Morelos que se creen dueños de sus plazas para heredarlas o inclusive venderlas) y todo esto enmarcado en una absoluta ausencia de competencia y de libertad para elegir de los padres en qué escuela quisieran que sus hijos estudiaran, ha derivado en una muy baja calidad de la educación. Profesores (sic) que no saben la materia que enseñan y que inclusive reprueban los exámenes que se supone deben aprobar sus propios alumnos, es una muestra de que el sistema educativo nacional, tal como está diseñado y como opera es un estrepitoso fracaso. Niños que terminan la primaria como analfabetos funcionales, jóvenes que terminan la secundaria sin tener los conocimientos básicos de matemáticas, ciencias, historia, geografía, etcétera y que son, en muchas ocasiones, incapaces de entender un razonamiento lógico, jóvenes que en la preparatoria presionan a sus profesores para que les otorguen una calificación mínima para garantizar su ingreso a la universidad aun sin haber demostrado que tienen los conocimientos necesarios para aprobar la materia y más, ha tenido como resultado que la mayor parte de la población mexicana cuente con un capital humano de muy mala calidad y, en consecuencia, de muy baja productividad cuando se incorporan al mercado laboral, lo que dificulta la modernización tecnológica de la producción, principal fuente de crecimiento económico.

Y esto nos lleva al segundo punto. Una fuerza laboral con una muy mala calidad de su capital humano labora en un marco institucional notoriamente ineficiente definido por la legislación laboral. Un análisis de esta “joya” de la legislación mexicana nos permite ver que el mercado laboral mexicano es extremadamente rígido y con un enorme sesgo en contra de la productividad. Contratar trabajadores es extremadamente caro debido a que despedir trabajadores es también muy caro y las empresas no pueden contratar trabajadores a prueba; la cláusula de exclusión sindical le quita libertad de contratar a los dueños o administradores de las empresas y genera una enorme corrupción de los líderes sindicales; escalafón ciego que inhibe la capacitación en el trabajo y la introducción de cambios tecnológicos; horarios laborales rígidos; contribuciones al sistema de seguridad social (IMSS) que actúan como un impuesto a la utilización de mano de obra y un largo etcétera hacen que la legislación laboral sea, efectivamente, una significativa traba para lograr un mayor crecimiento económico.

A pesar de que es urgente modificar la estructura del sistema educativo nacional y que es necesaria una completamente nueva legislación laboral, esto difícilmente se va a lograr porque los intereses políticos lo impiden.