Nadie puede negar que esta trágica comedia es motivo de que los poderes de la República, principalmente el Ejecutivo y el Judicial, dilapiden vastísimos recursos, provoque tremendos efectos indeseados en la sociedad y la economía y confinen entre rejas principalmente a dos tipos de individuos: a los vendedores de barrio –las ramitas sólo del frondoso árbol del narconegocio- y a ciudadanos que no han violentado los derechos de nadie, pero que tuvieron la mala fortuna de ser capturados en posesión de un enervante.

La falsa guerra contra las drogas es un flagrante atentado contra la libertad individual y un fabuloso negocio para los responsables de dirigirla y operarla, así como para los proveedores de vehículos, equipo y armamento para los dos bandos: los narcos y los policías.  Por la forma en que se desempeña, esta guerra fomenta el crimen, favorece a las mafias y lesiona los intereses de la población.

A pesar de que  esta obscena guerra -perdida de antemano- no ha logrado su propósito -que consiste supuestamente en bajar los índices de drogadicción-, los políticos y burócratas siguen vertiendo más y más dinero en ella, beneficiando paradójicamente a los barones del narcotráfico para quienes la prohibición es ciertamente la fuente de sus fabulosas ganancias y perjudica a los habitantes del país al distraer recursos que de otra forma se aplicarían a infraestructura y servicios públicos.

La prohibición no extingue la compra-venta de drogas, simplemente la desplaza al mercado negro, motivo por el cual se incrementan los costos de la actividad y, paralelamente, los precios del producto.

La clandestinidad y lo lucrativo del negocio captan como oferentes a grupos que actúan al margen de la ley y que, por tanto, son propensos a resolver sus conflictos de modo violento. Si a ello añadimos que el aumento de los precios obliga  a delinquir a numerosos adictos que no pueden sufragar el importe de sus nefastas preferencias, el resultado es un auge del crimen y la delincuencia: más presos y más gasto público en cárceles, las cuales, como usted sabe, son verdaderos postgrados del delito y la ilegalidad.

Sostienen economistas de prestigio como Paul Samuelson, que la demanda por estupefacientes es inelástica, es decir, que el aumento de los precios no afecta a la cantidad demandada. Cantidad de estudios demuestran, al menos para el caso de los Estados Unidos de América, que el componente adictivo de la droga asegura la inelasticidad precio de su demanda y ello explica el hecho de que el gobierno grava repetidamente el tabaco y el alcohol para financiarse sin que una subida de precios suponga un descenso análogo de la demanda.

Existe  una razón adicional para pensar que la prohibición poco hace por reducir el consumo de narcóticos y sí impacta los costos sensiblemente, ya que la amenaza de la captura y del procesamiento judicial hace que los precios suban constantemente, lo cual lleva a los involucrados en el negocio a soslayar algunas cargas como las cotizaciones obligatorias a la seguridad social, las regulaciones laborales, sanitarias y los controles de calidad.

En el mercado negro no existen  las garantías del producto, lo que puede redundar en perjuicio de la salud del consumidor, que en teoría es a quien se pretende ayudar con la guerra al narcotráfico. Alguien, no recordamos quien, dijo que si un individuo tiene un problema de drogas debe ir al médico, no a la cárcel, pero si otro es culpable de delitos contra la salud no debería ir a la cárcel, sino al paredón.

Así las cosas, pensamos que el destino de la legislación antidrogas debiera ser el mismo que el de la ominosa Ley Seca norteamericana. Libre mercado y responsabilidad individual es todo cuanto se precisa. Pero las cosas no son tan fáciles debido que existe otra droga que sí es legal y que debiera ser proscrita: la droga del poder.

Es quizás una de las más adictivas y sin duda la más destructiva.