Parece que México no verá una recuperación económica en términos interanuales. Las empresas que han sobrevivido a la hibernación heterodoxa, conforme se levanten las restricciones se pondrán en funcionamiento, por ende volverán a producir y demandar trabajadores siendo una gran mejoría frente a las condiciones presentes. Eso sería una primera etapa, que ya ha comenzado, de la aparente reactivación.

La segunda etapa es donde deben suceder las reestructuraciones productivas, o si quiere llamársele de reconstrucción. Tendrá que ser tomada muy en serio y seguir un camino diferente al de otros países. Resulta necio seguir emulando las respuestas y medidas de economías con monedas más estables, mayor confianza empresarial, credibilidad en el aparato público y mercados de consumo atractivos. Esto no es el caso de México el cual enfrenta serios procesos de desinversión, salida de capitales y polarización social.

¿Qué deberá pasar?

La reestructuración parte desde las empresas, del tejido empresarial donde aquellos negocios que no han sido capaces de sobrevivir a la crisis económica tendrán que reinventarse, intentar pivotear y reconstruirse. A grandes rasgos habrá dos tipos de empresas que no hayan resistido el embate de los últimos meses.

Por un lado están las empresas que aún con un buen modelo de negocio se han descapitalizado por lo que no pueden volver a arrancar y quiebran. Por el otro, aquellas que aunque tuvieran capital no volverán a abrir, u operarán solo por poco tiempo, ya que sus mercados se habrán reducido o desaparecido al no demandar sus productos o servicios.

¿Qué impide que esto pase?

Una recuperación significativa pasa por la Inversión para recapitalizar a las empresas que tengan buenos modelos de negocio pero han sufrido los efectos de los decretos gubernamentales, e inversión en nuevas empresas que abran para sustituir las quiebras y cambios en los patrones de consumo por las decisiones de familias y empresas.

Por una parte la inversión sucede cuando se cumplen dos fundamentos sine que non. Primero se requieren oportunidades de inversión, que darán pie al ánimo de invertir dado que los emprendedores y agentes económicos calculan una posibilidad de rentabilidad en cierta actividad ya sea inversión financiera, inversión productiva, comercio o servicios. El segundo fundamento es el ahorro.

El ahorro es una exigencia previa para financiar las inversiones que permitan reconstituir el tejido productivo y crear nuevas empresas, sin crear a la vez nuevas burbujas y sus consecuentes crisis. Sin ahorro no hay inversión sostenible ni suficiente.

Contrario a lo que se informa, en México la deuda pública ha seguido creciendo no solamente por ajuste cambiario dada la debilidad e inestabilidad del peso por causas endógenas. En tan solo un mes, del 20 de febrero al 20 de marzo, el peso se desplomó un 30% rebasando los 25 pesos por dólar. Si bien se agravaba bajo el contexto de desaceleración económica global y el comienzo del cierre de fronteras, la depreciación no fue efecto de crisis internacionales ni atribuible a la pandemia.

Los compromisos con acreedores han aumentado además porque el Estado mexicano efectivamente ha incurrido en nueva deuda real, recurriendo a diversas líneas de crédito internacionales, swaps de moneda a través del Banco de México, y otras operaciones de mercado abierto donde se endeuda con bancos e inversionistas privados.

Según un análisis económico de BBVA dado a conocer el 9 de junio, la deuda pública está en riesgo de incrementarse hasta en 15 puntos del PIB durante 2020. Con una caída del PIB real anual de entre el 7.0 y el 12.0% en 2020, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ó deuda neta, pasaría del 44% del PIB al cierre del 2020 hasta un 53.4 y 59.2% del PIB a esos respectivos niveles de caída.

Esto es un serio problema ya que esas condiciones macroeconómicas estorban a la reestructuración de las empresas y a la reconstrucción nacional. Ante un escenario de simultánea caída de la actividad económica, desplome de la recaudación fiscal, e incremento del endeudamiento, debemos recordar cada dólar o peso que absorbe el Estado como deuda, deja de estar disponible como crédito para el sector privado. Asimismo cada rebaja en la calificación crediticia del país encarece, a la larga, el endeudamiento. Por su parte, la depreciación de la moneda empobrece a todos los tenedores de pesos, y en particular destruye el ahorro que es la base del crédito sano y la inversión productiva.

Si bien el ahorro doméstico en México ha sido muy pequeño e insuficiente para industrializar al país desde su nacimiento como nación independiente, lo grave es que lo sigue siendo ahora, inclusive 20 años tras la moderada apertura económica impulsada por la adhesión al TLCAN.

Para lograr contener la caída económica es fundamental el continuo arribo de ahorro externo vía Inversión Extranjera Directa (IED), inversiones especulativas en moneda mexicana, la Bolsa Mexicana de Valores, y otros instrumentos públicos y privados, que proveen el crédito y fondos para arriesgarse en las oportunidades de inversión cuando las hay. 

Si a finales de marzo la firma calificadora S&P recortó la nota soberana de México de BBB+ a BBB en moneda extranjera, y de A+ a BBB+ en moneda local, con perspectiva negativa, fue el 1 de abril cuando HR Ratings también recortó la calificación pasado de HR A- (G) a HR BBB+ (G) para largo plazo y de HR2 (G) a HR3 (G) para corto plazo con perspectiva negativa.

¿Qué es lo que inexorablemente debe hacerse?

En suma se debe abrir el mercado, reducir impuestos, reducir burocracia, bajar el gasto público, ofrecer seguridad jurídica, confianza, garantizar el imperio de la ley bajo las más amplias libertades. Esto es para que entre otras cosas, México pase de una mediocre posición 67 entre 180 a nivel mundial en grado de libertad económica, y una pésima calificación de 66 puntos sobre 100 posibles, conforme a la más reciente medición del Índice de Libertad Económica 2020 de la Heritage Foundation.

Si bien lo anterior debió hacerse en el pasado y de forma más profunda que las limitadas reformas implementadas en los 90s, bajo la apremiante coyuntura dicha discusión es inaplazable. Otro ejemplo alarmante es que en el Índice de Libertad Humana 2019 del Cato Institute (Estados Unidos), México cayó 9 lugares en tan solo un año hasta ubicarse en la posición 92 de 162 países medidos. Es decir, existen 91 países con mayor libertad en esta escala que se compone de libertad personal con 6.38 puntos, libertad económica con 6.93, y libertad humana con 6.65 sobre 10.

Por su parte, el Ranking de Libertad Económica del  Fraser Institute (Canadá) ubica a México en el lugar 76 de 162, con una puntuación de 6.93 sobre 10 en el 2017, mientras Estados Unidos llegó al lugar 5, con puntuación de 8.19 así estando todavía lejano de la máxima nota.

Como país, México ha querido jugar a ser de las 15 economías más grandes del planeta. Pero insiste hacerlo con reglas de los años 20s y 30s del siglo XX, instituciones de una economía que estuvo cerrada al mundo, y menores libertades económicas que países como Jordania, Rwanda y Serbia.