Ante la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica, así como por diversos amparos por parte empresas privadas, la Primera Sala de la SCJN decidió mantener la suspensión del Acuerdo para la Nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sector Eléctrico Nacional, el llamado “Decreto Nahle”, que impedía la integración de nuevas plantas de generación eléctrica de fuentes renovables al sistema eléctrico nacional, una práctica que iría en contra de la competencia en el mercado eléctrico al favorecer de manera discriminatoria a la CFE y, en consecuencia, en contra del interés público.

El presidente, en la mañanera del viernes pasado, respondió: “A nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos. Los únicos negocios a los que se les tiene que dar toda la atención es a los negocios públicos porque nosotros somos servidores públicos. El gobierno no es un comité al servicio de grupos privados, particulares, de corporaciones, de bancos, de empresas”.

La declaración del presidente deja ver que no es de su interés los empleos ni el bienestar de casi 50 millones de mexicanos y sus familias que no laboran en el sector público. Ellos que se rasquen con sus propias uñas porque el gobierno ni siquiera los va a voltear a ver, como ya lo hemos visto con su negativa para instrumentar medidas de política fiscal para atenuar el choque negativo de la pandemia.

La semana pasada señalé en mi artículo que es una quimera pensar que Pemex y la CFE (los negocios públicos a los que se refiere el presidente) serán la palanca del desarrollo económico nacional y que es un notorio error pensar que la soberanía nacional se sustenta en dos monopolios gubernamentales notoriamente ineficientes.

La soberanía radica y se fortalece con la existencia de instituciones sólidas, un sistema efectivamente democrático en donde se respete íntegramente el estado de derecho, un arreglo que derive en una economía fuerte, una que experimente alto y sostenido crecimiento económico con un aumento continuo en el bienestar de la población en su conjunto, en una población con un alto nivel y calidad de capital humano, uno en donde los individuos sean efectivamente libres para decidir respetando en todo momento los derechos de terceros.

La declaración del presidente de que no le interesan los negocios privados, sólo los públicos, deja entrever que no entiende la importancia de un íntegro estado de derecho, como tampoco parece entender el papel del gobierno en la economía. No es papel del gobierno proveer bienes privados, sean estos gasolina y electricidad, los cuales pueden ser producidos más eficientemente por empresas privadas pero sí es papel del gobierno dotar a la sociedad, a los agentes económicos privados, de un arreglo institucional caracterizado por reglas formales (leyes y reglamentos) eficientes, transparentes y ciertas y garantizar en todo momento y circunstancia los derechos privados de propiedad y el cumplimiento de los contratos, tanto entre particulares como entre éstos y el propio gobierno.

Esto último me lleva a otro comentario. La semana pasada un grupo de legisladores estadounidenses envió una carta al presidente Trump en donde señalan el trato discriminatorio por parte del gobierno mexicano en contra de empresas de ese país en el sector energético y urgen que se garanticen las reglas que generen certeza jurídica para estas empresas al amparo del T - MEC. Fortalecer a Pemex y CFE discriminando a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, es una violación del estado de derecho, sí va en contra de los capítulos 13, 14, 22 y 28 del Tratado y no contribuye a fortalecer la soberanía nacional.

*Artículo publicado originalmente en El Economista