El desconocimiento de conceptos básicos de economía de los legisladores como escasez, costo de oportunidad, demanda y oferta, su notoria ignorancia de cómo funcionan los mercados, los ha llevado a legislar a lo estúpido y sin medir las consecuencias de sus acciones. La semana pasada tanto senadores como diputados se embarcaron en una vorágine legislativa que puede tener graves costos. Prácticamente en todos los casos argumentan que es “para favorecer al pueblo”, sin percibir que éste termina siendo el más negativamente afectado. Destaco tres.

Primero, la reforma a la Ley del Banco de México que aprobó el Senado. Con esta modificación se obligaría al banco central a adquirir moneda extranjera en billetes e incorporarla a las reservas internacionales. Se argumentó que es para favorecer a los migrantes que envían sus remesas en efectivo, lo cual carece de verdad ya que del 99% de las remesas se hacen vía transferencias electrónicas y los receptores obtienen automáticamente pesos. Obligar al Banco a adquirir moneda extranjera de dudosa procedencia, principalmente narcotráfico, potencialmente lo convertiría en un “lavador” de dinero poniendo en peligro no solo las reservas internacionales que pudiesen ser congeladas o hasta incautadas además de perder líneas de financiamiento internacional como son la Línea de Crédito con el FMI o la facilidad de hacer “swaps” en dólares con la Reserva Federal de Estados Unidos. Además, esta reforma violenta de manera grave la autonomía del Banco de México al interferir con su independencia para ejercer sus funciones, incluida el manejo autónomo de las reservas internacionales. La reforma tiene dedicatoria: favorecer en específico a un banco comercial que ha acumulado dólares en efectivo y que no los puede repatriar a Estados Unidos por no tener un corresponsal (que por algo será).

Segundo, el tope impuesto a las comisiones que cobran las Afores y que se estableció por ley en 0.54% sobre el saldo administrado (el promedio simple de lo que cobran en Chile, Colombia y Estados Unidos). Este tope, que se argumenta favorece a los que ahorran para su pensión, no es sin embargo neutral; tiene costos que, como cualquier precio controlado, termina de alguna manera afectando negativamente a quienes en principio se quiere favorecer. El tope impuesto a las comisiones, en contra de la recomendación de la COFECE, muy probablemente derivará en una serie de fusiones de Afores que reducirá la competencia en el mercado, lo que daña a los usuarios. Además, si las Afores no pueden recuperar los costos de su operación, tratarán de reducir éstos bajando la calidad del servicio; el ahorrador pierde. ¿Será qué hay una intención adicional de que al hacer no rentable la administración privada de los fondos para el retiro el gobierno se los quede, una expropiación encubierta?

Tercero, la reforma aprobada en el Senado a la Ley Federal del Trabajo para que bajo ninguna circunstancia los aumentos en el salario mínimo sean menores a la inflación. Uno de los errores más graves es indizar precios claves a la inflación, en este caso el salario, ya que de entrada le pone un piso a la propia inflación. Además, no se puede descartar que en el futuro la economía experimente un significativo choque real negativo (por ejemplo un deterioro en los términos de intercambio al caer el precio de un importante bien de exportación, el petróleo por ejemplo) que implique un mayor tipo de cambio real y un menor salario real. Si el salario real no puede caer por estar indizado, todo el ajuste ante el choque se daría en un menor empleo.

Tres reformas que reflejan el populismo económico que caracteriza a este gobierno, tres reformas estúpidas. Y las que vendrán.

*Artículo publicado originalmente en El Economista