Exacerbado nacionalista revolucionario priísta, indigenista con ánimo de revancha, convencido de los dogmas que aprendió durante sus estudios de Ciencia Política durante la década de los setenta de que los empresarios privados generan sus utilidades porque “explotan” a sus trabajadores y/o por actos de corrupción y ferviente creyente, como lo planteó Eduardo Galeano en su libro “Las venas abiertas de América Latina”, de que las empresas extranjeras operando en México (particularmente pero no exclusivamente en el sector energético y minero), están explotando y extrayendo la riqueza del país sin hacer ninguna aportación significativa al país.

Estos cuatro elementos permiten explicar muchas de las decisiones de política pública y de política económica que el presidente ha tomado durante su gobierno, creyendo que es posible regresar a México a ese mundo idílico que según él existía antes de que “nos cayeran encima los demonios del neoliberalismo” sin percibir (o siendo conveniente omiso al hecho) de que el mundo en la actualidad es totalmente diferente del que existía hace medio siglo. Algunos ejemplos.

En materia energética revive una y otra vez el mito fundacional del nacionalismo revolucionario basado en la explotación monopólica por parte del gobierno tanto en electricidad como en hidrocarburos. Primero en electricidad, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica favoreciendo de forma discriminatoria a la CFE en contra de los generadores privados no solo es notoriamente ineficiente en términos económicos sino que es inconstitucional (violando los artículos 4, 25, 28 y 133) y va en contra de lo dispuesto en varios tratados internacionales. Segundo, la propuesta que envió la semana pasada al Congreso para reformar la Ley de Hidrocarburos que le permitiría arbitrariamente cancelar los permisos a las empresas privadas (con sólo argumentar que se pone en peligro la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional, sin definir en qué consistiría tal amenaza) asumiendo el gobierno su operación, lo que sería de facto una expropiación y violando con ello los artículos 27 y 28 constitucionales así como diversos tratados internacionales.

Un segundo ejemplo, enmarcado en su indigenismo (además del pleito con España), es su rechazo a las tecnologías modernas de producción en la agricultura, contradiciendo el objetivo de lograr la soberanía alimentaria, objetivo de por sí económicamente ineficiente. No solo está en contra del uso de insumos modernos (semillas mejoradas genéticamente y herbicidas) sino que enaltece la agricultura tradicional en pequeños predios (para qué usar maquinaria si se puede utilizar la pala y el azadón y así crear empleos), sin considerar que ello significa una menor productividad además de condenar a los productores a la pobreza perpetua, aunque según él sean felices. O qué decir de su programa “Sembrando vida” que incentivó la deforestación de más de 70 mil hectáreas para poder recibir las transferencias gubernamentales.

Un tercer ejemplo es su negativa a utilizar recursos fiscales para apoyar a las empresas y a sus empleados ante la caída de la demanda que enfrentaron por la pandemia. No solo es el hecho de no querer quitarle recursos a sus proyectos de inversión sino su idea de que los empresarios no merecen ningún apoyo, tal como afirmó que si tenían que quebrar que quebrarán y que se hicieran cargo de sus trabajadores y que no se rescataría a ninguna empresa. El costo está a la vista: más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas efectivamente quebraron con la consecuente pérdida de millones de empleos y un aumento de la pobreza.

Y podemos continuar con más ejemplos, pero lo que es un hecho es que querer regresar al pasado no solo es imposible; es además muy costoso.

*Artículo publicado originalmente en El Economista