A muchos les sonará extraña la afirmación de que México emprendió un camino hacia la libertad en 1986 con la adhesión al Acuerdo General de Tarifas y Comercio, antecedente de la Organización Mundial de Comercio. Esta decisión fue más que simbólica y marcó el inicio de un profundo cambio estructural que ha traído significativas ganancias para la mayor parte de los mexicanos. Al haberse adherido a este esquema regulatorio del comercio internacional obligó al gobierno no solo a una mayor apertura de la economía sino, más aún, le quitó toda una serie de instrumentos que le permitían actuar discrecionalmente en la materia (permisos previos de importación y precios oficiales) que le otorgaban la facultad a quienes los administraban de favorecer a determinadas empresas que obtenían así un poder monopólico que aprovechaban para extraer rentas de los consumidores. Nosotros los consumidores, todos, ganamos con la apertura iniciada en ese lejano año, misma que se profundizó en 1988 y la entrada en vigor de diferentes tratados de libre comercio.

Nuestra libertad también aumentó con la decisión, tomada en 1989, de acelerar la privatización de diferentes empresas productoras de bienes y servicios que de entrada no tenían por qué ser propiedad del gobierno; no es su papel producir aquellos bienes que pueden ser provistos de manera más eficiente por el sector privado, sean bicicletas, electricidad o gasolina. Hasta 1982 el gobierno era propietario de 1155 empresas y organismos, la mayor parte de ellas quebradas y que, por mantenerlas operando, significaban una significativa fuente de ineficiencia y de déficit fiscal. Su privatización liberó recursos fiscales que el gobierno pudo utilizar para financiar aquellas actividades que efectivamente le competen.

Otro cambio que aumentó nuestra libertad fue haberle otorgado, en 1993, la autonomía al Banco de México, quien gracias a ella ganó independencia en el manejo de la política monetaria para buscar alcanzar su objetivo de estabilidad en el poder adquisitivo del dinero. Los mexicanos vivimos en las décadas de los setenta y ochenta altas y variables tasa de inflación; enfrentamos un impuesto expropiatorio, notoriamente regresivo, que redujo nuestra riqueza y libertad.

Uno adicional fue la reforma en 1997 del sistema de pensiones. Haber pasado de un sistema de reparto con beneficios definidos a uno de contribuciones definidas, otorgó el derecho de propiedad a cada trabajador sobre sus recursos para el retiro.

También se amplió el universo de libertades con la autonomía de diferentes órganos constitucionales. El INAI que obliga al gobierno a ser transparente y protege nuestros datos personales, mientras que la Cofece y el IFT tienen como encomienda procurar mercados en competencia, persiguiendo y penalizando prácticas monopólicas que reducen el bienestar de los consumidores; los consumidores hemos ganado con menores precios, mayor diversidad y calidad de los bienes y servicios.

Otros dos cambios que también aumentaron nuestra libertad merecen resaltarse. Primero la reforma en 1994 del Poder Judicial de la Federación que, al dotarlo de independencia, convirtió a este poder en el garante de nuestras libertades y a la Suprema Corte de Justicia en un verdadero tribunal constitucional. El segundo, en 1996, la autonomía del Instituto Nacional Electoral que le quitó al gobierno la organización de las elecciones, convirtiéndose así en un pilar de la democracia.

Los mexicanos somos hoy, gracias a todos estos cambios, más libres de lo que éramos en el siglo pasado cuando regía un sistema económico y político cerrado. Una parte significativa de la población, sobre todo los que nacieron a partir de la década de los noventa, toma este universo de libertades cómo dado y no perciben los peligros de perderla en manos de un gobierno autoritario que pretende regresarnos a ese pasado y caer en lo que Friederich Hayek señaló: un camino de servidumbre.