Anteayer se empezaron a cosechar los primeros resultados de la violencia verbal que López Obrador y sus secuaces han venido sembrando entre sus seguidores. La agresión al candidato victorioso Felipe Calderón es sólo la primera de muchas que vendrán.

Calderón debe extremar precauciones para protegerse, al igual que a su familia, para lo que el Estado Mayor Presidencial está cabalmente capacitado, lo que se acredita con el impecable récord de la seguridad de Presidentes y candidatos, salvo en el caso de Luis Donaldo Colosio que regularmente desatendía sus indicaciones.

Además, es necesario ser congruentes y hacer cumplir la ley. La agresión del martes constituye un delito que no puede quedar impune. Es previsible que las policías en las entidades controladas por el PRD no actúen de acuerdo a derecho, pero es indispensable hacer las denuncias correspondientes.

Lo que envalentona a gentuza como los asaltantes de Calderón es la certeza de su impunidad que hay que aniquilar con la estricta aplicación de la ley para que quién intente violentarla sepa que ello conlleva costos. La misma actitud hay que aplicarla a todas las “acciones” de los amlistas que violen la ley.

Es necesario también denunciar judicialmente el delito de azuzar a la violencia en el que incurren a diario López Obrador y sus adeptos, acción que una vez que se traduce en atentados vandálicos de sus seguidores, como el del pasado martes, los aplaudan y justifiquen como lo hizo AMLO en declaración pública.

Esta puntual denuncia y recuento de la ilegalidad que previsiblemente irá en aumento, permitirá mostrar a la ciudadanía y al mundo entero su completa falta de respeto por la ley y el orden, y así desenmascarar a quienes llaman a sus provocaciones violentas “acciones de resistencia pacífica.”

También hay que enviar mensajes a la ciudadanía que se opone a la violencia a que manifieste públicamente su rechazo al intento ilegal de López Obrador de anular las elecciones más competidas y legítimas de la historia de México. Tales expresiones en pro de la legalidad y en defensa de nuestra elección deben evitar marchas callejeras por el peligro de violencia provocada por los grupos de choque perredistas.

Más bien se trata que la ciudadanía tenga forma de expresar su posición en su vida cotidiana mediante el uso de moños blancos, como algunos han sugerido, o gestos similares. Convoco a mis amables lectores a que aporten ideas de cómo hacerlo mejor.

Es conveniente también cubrir espacios informativos nacionales y extranjeros, que finalmente empiezan a reaccionar en rechazo a la violencia callejera convocada por el candidato derrotado y sus seguidores, con un recuento cotidiano de los actos de vandalismo que se cometan en el país y respondiendo puntualmente a las descalificaciones que hacen de personas e instituciones.

Por ejemplo, el senador Jesús Ortega lanzó una flamígera descalificación al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del que afirmó “que por supuesto no le reconocemos representatividad de los empresarios del país… (y que) están luchando por mantener esos privilegios mal habidos.”

Los empresarios y el CCE se pueden defender solos, pero como una institución genuinamente representativa del sector privado que incluye a todas sus organizaciones de cúpula –industriales, comerciantes, banqueros, etc.-, y que es un órgano de interlocución y consulta del gobierno, es importante que las autoridades y el candidato ganador precisen que no es una cueva de ladrones, y que está en su perfecto derecho de defender la legitimidad de las elecciones.

La condonación de la violencia, las amenazas y chantajes, las descalificaciones de subido tono por parte de AMLO y sus esbirros, son indicios de su creciente desesperación. Ante ello, hay que redoblar la prudencia y el talento para enfrentar al animal rabioso.