En lo económico, ahí están las cifras. La baja inflación, de las menores en las últimas cuatro décadas, permitió a millones de mexicanos pobres que guardan su dinero en efectivo, conservar el valor de sus ahorros. La estabilidad cambiaria dio confianza a cientos de miles de trabajadores mexicanos en el extranjero, quienes mandaron más dinero a sus parientes y convirtieron sus excedentes a pesos, sin miedo a que se les volvieran polvo. Esos hechos los han pasado por alto quienes por motivos ideológicos y partidistas tampoco reconocen que ahora se puede decir, sin temor a represión, todo lo que quieran del Presidente.

En transparencia del gasto gubernamental, las nuevas leyes, promovidas por el mismo Ejecutivo, permitieron conocer por primera vez en la historia de México hasta cuánto valían las toallas que usa el Presidente. Paradójicamente, los miembros de partidos que manipularon esa nueva libertad son quienes, bajo diversas excusas, no pusieron en práctica cabalmente las leyes sobre transparencia donde gobiernan.

Hubo errores de comunicación del Presidente Fox, quien pecando de franco decía muchas veces lo que pensaba,  hablaba en broma y se las tomaban literalmente o le sacaban de contexto sus "chascarrillos". Pero esas críticas, muchas de ellas válidas y otras mal intencionadas, no redujeron su popularidad ante la mayoría de los ciudadanos.

La economía no creció lo que podía haber crecido, entre otras cosas porque importantes miembros de los dos principales partidos de oposición pensaron que obstaculizando el crecimiento, al negarse a actualizar el entorno jurídico para hacer más competitiva la economía mexicana, tenían más chance de regresar al poder. Al frustrarse quienes no encontraban empleo o no veían crecer sus negocios -pensó la oposición a Fox- votarían por un partido diferente al del presidente.

Un mejor entorno social no depende sólo del próximo presidente, Felipe Calderón, también de una oposición que más allá de posiciones radicales o revanchismo porque no obtuvieron el triunfo, comprendan que en las democracias, después de las elecciones, hay que llegar a acuerdos. No deben convertir sus posiciones en el Congreso, en los gobiernos estatales y en el D.F., en instrumentos de una campaña permanente de descalificación y oposición a todo lo que hace o dice el presidente con el objetivo de ganar las elecciones presidenciales en seis años.