Nuestro país
padece del síndrome del ladrillo, desde legisladores que se marean y boicotean
al país hasta funcionarios de ventanilla o call center que al subirse a su ladrillo y
marearse no sólo vejan a los particulares sino que impiden que el país avance.
De esta forma cuando un legislador quiere lavarse la conciencia aprueba leyes y
reglamentos llenos de nuevos trámites o cuando el funcionario de un banco se
inventa que requiere firmas o datos en el reverso de un cheque el país pierde
terreno frente a sus competidores que sí han sabido que el camino para la
prosperidad está sembrado de desregular, bajar los
trámites, reducir los costos y sobre todo hacer la vida más fácil y expedita
para todos.
El ciudadano
común enfrenta muchos trámites con el gobierno a lo largo de vida y es más, si
todo lo hace de manera legal y no goza del privilegio de ser informal, tiene un
cúmulo importante que pasa por presentar mes a mes su declaración provisional
de impuestos o pagar luz, permisos, verificar su automóvil, renovar el
pasaporte, todo depende de qué tan en regla mantiene sus papeles. Pero cuando
trasladamos esto a las empresas pues la cosa se pone peor y dependiendo de su
giro o actividad puede tardarse en abrir la empresa desde 72 horas hasta 9
meses, sólo para completar los trámites y que en ningún paso sea usted
rechazado, operar y cerrar la empresa son otro boleto, un trabajo de tiempo
completo en muchos casos y en otros que requiere de una burocracia particular
para que interactúe con la burocracia del gobierno. Lo único que se incrementa
son los costos. Hay pocos, calculo, pero según las propias cifras del gobierno,
tanto de Mejora Regulatoria como de Competencia, los
costos de la tramitología en el país pueden andar entre el 7.5 y el 15% del
PIB, nada más y nada menos que rondando los 100 mil millones de dólares al año
como un promedio de los límites, que sumados a los 130 mil millones que se
calculan como costos derivados de la inseguridad o los 80 mil más que se
calculan como gasto privado en salud y educación, pues la cifra alcanza casi el
50% del producto en el costo de la ineficiencia del gobierno, o lo que es lo
mismo, y a pesar de lo inverosímil de las cifras, que más nos convendría no
tener un gobierno pues cuesta más de lo que nos beneficia, conclusión a la que
han llegado la mayoría de los estudios de competitividad como el del Foro
Económico Mundial. Esto se traduce en horas perdidas de trabajo esperando,
llevando y trayendo, documentos hasta una ventanilla con un funcionario que no
sólo no quiere ayudar sino que se pone los moños para dejar pasar lo que es
legal y si uno reclama pues el costo se multiplica o simplemente extienden la
mano para pedir un poco de aceite para mover la gran maquinaria burocrática de
la que ellos son sólo el último eslabón, pero el primero que ve la población y
las empresas.
Pero además
de la burocracia del gobierno est una que puede ser
más cara y más dañina, por ejemplo los bancos, estos tienen unas comisiones
altísimas (más del doble que en sus países de origen), un nivel de tramitología
peor que en el gobierno y en muchos casos ampliada y decuplicada por encima de
lo que establecen Banco de México o