Ideas al vuelo
Dic 8, 2006
Ricardo Medina

Productividad gubernamental: La experiencia de NZ (fin)

En la reforma neozelandesa el llamado modelo Agente-Principal tuvo una influencia decisiva, junto con las teorías de la administración relativas a la necesaria autonomía de gestión de los agentes o administradores que no son dueños de los recursos que administran, pero a quienes se gratifica por resultados, no por procedimientos.

El modelo o problema Agente-Principal en economía trata de vencer las dificultades derivadas de información insuficiente y asimétrica cuando un Principal (dueño de los recursos) contrata a un Agente (administrador) para que haga un uso óptimo de esos recursos en beneficio del Principal. Dado que el Agente posee mayor información que el Principal ¿cómo alinear los incentivos del Agente para que coincidan con los objetivos del Principal?

 

El caso típico es el del administrador profesional en una corporación privada (Agente) que ha sido contratado por un amplio grupo de accionistas (Principal) representados por el Consejo de Administración.

 

La respuesta al problema básico, que es alinear los incentivos del administrador, puede tomar varias formas de premio-castigo: Vincular los ingresos del administrador a los rendimientos obtenidos y deseados por los dueños (comisiones, bonos de productividad, participación en la propiedad de la empresa y demás), condicionar la permanencia en el puesto y sus prerrogativas al logro de los resultados deseados, transparentar la gestión del administrador para que sea sancionado públicamente, en términos de reconocimiento o desprestigio social y muchas variantes.

 

Lo que hicieron los reformadores neozelandeses al trasladar este modelo de teoría de juegos a la administración pública, implicó reconocer un postulado crucial de la democracia moderna: El titular de los derechos de propiedad de los recursos públicos sigue siendo el público, NO es el administrador, no es el gobierno, ni siquiera lo son los representantes del público (digamos, los diputados federales en un régimen presidencialista o los miembros del parlamento en un régimen parlamentario).

 

Aunque esto último parezca una obviedad que se da por sentada en las democracias modernas, basta analizar el funcionamiento real de la política en la mayoría de los países para detectar que no sin razón los contribuyentes suelen ver como un despojo o una expropiación o un costo ineludible (a veces a fondo perdido) el pago de impuestos. Es decir: La parafernalia del aparato estatal contribuye a que en la práctica los derechos de propiedad sobre los recursos públicos se diluyan y hasta se desvanezcan.

 

A mi juicio, ése es el punto principal que rescata la reforma neozelandesa, los derechos de propiedad, y lo ha hecho con gran eficacia. Y el principal escollo para que se acepte una reforma de esta naturaleza en otras latitudes radica en la debilidad que el concepto de rendición de cuentas de mandatarios a mandantes aún tiene en muchas democracias jóvenes. Debilidad a la que ha contribuido, en gran medida, la retórica socialista trasnochada, que de una u otra forma ataca el concepto mismo de propiedad privada y de derechos de propiedad.



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El problema, para los dictadores, es que no pueden eliminar la libertad del ser humano. Sólo pueden prohibir su ejercicio, prohibición a la que se opone, precisamente, la libertad.

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