Uno de los problemas de cualquier aparato burocrático es el de ejercer el gasto gubernamental en forma eficiente y transparente para proporcionar los servicios públicos que demandan los ciudadanos. En los últimos seis años se avanzó apreciablemente en alcanzar tan elusivo propósito.

En un aparato administrativo grande y complejo como el del gobierno mexicano, en el que hay vicios inerciales que han sobrevivido por años, resulta sumamente difícil hacer una medición realista y objetiva de la eficacia con la que se ejerce el gasto público, pero la presentación del presupuesto adoptada en la administración anterior avanzó en forma notable en ese empeño.

En el sexenio pasado se dio prioridad a la inversión pública y al desarrollo humano y social con la finalidad de generar más y mejores oportunidades de empleo e ingreso, ampliar la infraestructura social y fomentar medidas de protección a la población y al patrimonio de las familias más pobres.

El gobierno federal logró una racionalización del gasto administrativo. El aumento en términos reales de cerca del 20% en el gasto corriente se explica sobre todo por la asignación de más recursos para educación y salud en las entidades federativas, y por subsidios para desarrollo social y el sector rural.

Casi el 80% del aumento del gasto total en más personal se destinó contratar servidores públicos para educación, salud y seguridad pública en las entidades federativas, mientras que en el resto del sector público el gasto en servicios personales disminuyó en 15% (excluyendo las entidades públicas autónomas).

El gasto social fue el más alto en la historia de las finanzas públicas al crecer por encima del 20% en términos reales durante el sexenio, y pasó de representar el 59% del gasto total programable –el que excluye el pago de la deuda- al 63%. De esta manera el gasto público ejercido en desarrollo social se incrementó en más de un punto porcentual del PIB para superar el 10%.

Por su parte la inversión conseguida por el sector público –incluye la realizada con Pidiregas- también alcanzó la cifra más alta en la historia al ejercerse más de 360 mil millones de pesos el año pasado, lo que representa un aumento real de 33% respecto a la cifra comparable del año 2000. Tales niveles de inversión son más de 40% mayores de los conseguidos en el sexenio 1994-2000.

En los últimos cinco años, el gasto público directamente vinculado al desarrollo económico aumentó casi 60%, mientras que el gasto administrativo disminuyó 22%, lo que refleja un esfuerzo notable por modificar la asignación presupuestal. Es decir, hubo más recursos para programas sociales, obras públicas, y actividades productivas y menos para contratar más burócratas.

También se consolidó la tendencia a descentralizar el gasto público. Hubo un aumento superior al 30% en términos reales de los recursos canalizados a los estados y municipios, tanto en gasto “federalizado” como el que se realiza en educación y salud como en participaciones a las entidades.

Por lo que hace a la estructura impositiva, si bien la oposición del Congreso impidió que se concretara una reforma fiscal integral, se llevó a cabo un abatimiento apreciable de las tasas del impuesto sobre la renta que, sin perder recaudación, coadyuvaron a elevar la competitividad de las empresas y a incrementar el ingreso disponible de los causantes.  

Como se puede apreciar de este apretado resumen de algunos de los logros alcanzados por la administración hacendaria encabezada por Francisco Gil Díaz, el gasto público se orientó tanto a consolidar la estabilidad económica del país mediante la estricta aplicación de criterios de disciplina presupuestaria, como para alcanzar una asignación más transparente y eficaz de los recursos públicos para atacar la pobreza e impulsar el desarrollo.