En la administración hacendaria encabezada por FGD, el gasto público se orientó tanto a consolidar la estabilidad económica mediante la estricta aplicación de criterios de disciplina presupuestaria, como para alcanzar una asignación más transparente y eficaz de los recursos públicos para atacar la pobreza e impulsar el desarrollo.
Uno de los problemas de cualquier
aparato burocrático es el de ejercer el gasto gubernamental en forma eficiente
y transparente para proporcionar los servicios públicos que demandan los
ciudadanos. En los últimos seis años se avanzó apreciablemente en alcanzar tan
elusivo propósito.
En un aparato administrativo grande
y complejo como el del gobierno mexicano, en el que hay vicios inerciales que
han sobrevivido por años, resulta sumamente difícil hacer una medición realista
y objetiva de la eficacia con la que se ejerce el gasto público, pero la
presentación del presupuesto adoptada en la administración anterior avanzó en
forma notable en ese empeño.
En el sexenio pasado se dio prioridad
a la inversión pública y al desarrollo humano y social con la finalidad de
generar más y mejores oportunidades de empleo e ingreso, ampliar la
infraestructura social y fomentar medidas de protección a la población y al
patrimonio de las familias más pobres.
El gobierno federal logró una
racionalización del gasto administrativo. El aumento en términos reales de cerca
del 20% en el gasto corriente se explica sobre todo por la asignación de más
recursos para educación y salud en las entidades federativas, y por subsidios
para desarrollo social y el sector rural.
Casi el 80% del aumento del gasto
total en más personal se destinó contratar servidores públicos para educación,
salud y seguridad pública en las entidades federativas, mientras que en el
resto del sector público el gasto en servicios personales disminuyó en 15% (excluyendo
las entidades públicas autónomas).
El gasto social fue el más alto en
la historia de las finanzas públicas al crecer por encima del 20% en términos
reales durante el sexenio, y pasó de representar el 59% del gasto total programable
–el que excluye el pago de la deuda- al 63%. De esta manera el gasto público ejercido
en desarrollo social se incrementó en más de un punto porcentual del PIB para
superar el 10%.
Por su parte la inversión conseguida
por el sector público –incluye la realizada con Pidiregas-
también alcanzó la cifra más alta en la historia al ejercerse más de 360 mil
millones de pesos el año pasado, lo que representa un aumento real de 33%
respecto a la cifra comparable del año 2000. Tales niveles de inversión son más
de 40% mayores de los conseguidos en el sexenio 1994-2000.
En los últimos cinco años, el gasto
público directamente vinculado al desarrollo económico aumentó casi 60%,
mientras que el gasto administrativo disminuyó 22%, lo que refleja un esfuerzo
notable por modificar la asignación presupuestal. Es decir, hubo más recursos
para programas sociales, obras públicas, y actividades productivas y menos para
contratar más burócratas.
También se consolidó la tendencia a
descentralizar el gasto público. Hubo un aumento superior al 30% en términos
reales de los recursos canalizados a los estados y municipios, tanto en gasto
“federalizado” como el que se realiza en educación y salud como en
participaciones a las entidades.
Por lo que hace a la estructura
impositiva, si bien la oposición del Congreso impidió que se concretara una
reforma fiscal integral, se llevó a cabo un abatimiento apreciable de las tasas
del impuesto sobre la renta que, sin perder recaudación, coadyuvaron a elevar
la competitividad de las empresas y a incrementar el ingreso disponible de los
causantes.
Como se puede apreciar de este
apretado resumen de algunos de los logros alcanzados por la administración hacendaria encabezada por Francisco Gil Díaz, el gasto público se orientó tanto a consolidar
la estabilidad económica del país mediante la estricta aplicación de criterios
de disciplina presupuestaria, como para alcanzar una asignación más
transparente y eficaz de los recursos públicos para atacar la pobreza e
impulsar el desarrollo.
EntrarLa gente subestima la facilidad con la que los gobiernos pueden destruir una economía y lo difícil que es reiniciar esas economías.