El pasado miércoles el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, dio a conocer los resultados del reporte correspondiente al año 2006, y las noticias no son buenas: entre 45 países México pasó del lugar 30 al 33, y en seis de las diez variables consideradas para medir la competitividad retrocedió. No avanzamos, ni siquiera nos mantuvimos: retrocedimos.

Dados los malos resultados obtenidos, nada nuevo por cierto, se pretende hacer de la competitividad una política de Estado, para lo cual se ha propuesto agregar, al final del último párrafo del artículo 25 constitucional, la siguiente leyenda: “La competitividad es una política de Estado”, lo cual no dice mucho, ya que queda por responder la siguiente pregunta: ¿qué debe hacer el Estado para promover la competitividad? Respuesta: permitir toda la competencia que sea posible, en cada mercado, en cada sector de actividad económica.

Para entender lo anterior hay que tener en cuenta, uno, que allí donde no hay competencia lo que existe, por definición, es la incompetencia; dos: que una empresa monopólica podrá ser muy competitiva, pero nunca tanto como lo sería si estuviera sujeta a la disciplina de la competencia y, tres, que la competencia entre empresas da como resultado la competitividad en las empresas, lo cual se traduce en menores precios, mayor calidad y mejor servicio, todo a favor de los consumidores, ¡tal y como debe ser!

La causa de la competitividad es la competencia, de tal manera que si el Estado ha de promover la primera debe permitir la segunda. ¿Y qué debe hacer el Estado para permitir toda la competencia que sea posible? Abrir, total y definitivamente, la economía mexicana, lo cual supone dos cosas. Primera: la apertura, ¡irreversible!, de todos los mercados a la importación de cualquier bien o servicio. Segunda: la apertura, ¡permanente!, de todos los sectores de la actividad económica a la participación del capital privado, nacional o extranjero. Apertura total y definitiva.

Dicha apertura deberá ir acompañada del cambio en las reglas del juego, comenzando por el capítulo económico de la Constitución, con el fin de que la libertad individual para emprender, trabajar, comerciar y consumir, así como la propiedad privada sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción, sean plenamente reconocidas y jurídicamente garantizadas, lo cual supone que el Estado y sus leyes traten a todos los agentes económicos, desde empresarios hasta consumidores, de igual manera, no otorgando privilegios (apoyos, protecciones, subsidios, concesiones mono y oligopólicas, etc.) a favor de ninguno de ellos.

Esto, la apertura total y definitiva de todos los mercados a la importación, y de todos los sectores de actividad económica a la participación del capital privado, es lo que el Estado debe hacer para promover la competitividad. Esta, la liberal, es la opción correcta, siendo que la otra, la mercantilista, por la que el Estado otorga privilegios a determinados grupos de agentes económicos, es la alternativa equivocada, ya que cada uno de esos privilegios tiene como efecto eliminar o limitar la competencia y, por lo tanto, la competitividad.

Es así, con la apertura total y definitiva de todos los mercados a la importación, y de todos los sectores de actividad económica a la participación del capital privado, como debe entenderse y practicarse la política de Estado a favor de la competitividad, misma que siempre es a favor de los consumidores, a quienes lo que les conviene son más y mejores opciones de consumo, lo cual solamente se logra por medio de la competencia.