LUNES, 9 DE JULIO DE 2007
Reforma fiscal: ¿Primero lo primero?

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“Nos hemos acostumbrado a las cosas como han sido, razón por la cual nos cuesta trabajo imaginar cómo deberían ser. Nos hemos acostumbrado a pagar, de mala manera, pero a pagar, cuanto tributo se nos ha impuesto, sin preguntarnos ¿con qué derecho el gobierno nos obliga a entregarle parte de nuestros ingresos, parte que, en muchos casos, es por demás considerable?”


En México cualquier reforma fiscal correcta debe comenzar por reconocer plenamente, definir puntualmente, y garantizar jurídicamente, el derecho de propiedad del contribuyente sobre sus ingresos y patrimonio, algo que en México no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, y a las pruebas me remito: en nuestro país basta y sobra que el Ejecutivo proponga cobrar más impuestos, y que el Legislativo lo apruebe, para que los contribuyentes terminemos tributando más.

 

¿Qué quiere decir lo anterior? Que en México la discrecionalidad del gobierno a la hora de cobrar impuestos no es enorme, es total. Que en nuestro país no existe un límite a la capacidad recaudatoria del gobierno. Que el derecho de propiedad del contribuyente sobre sus ingresos y patrimonio no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, lo cual es muy grave, clara muestra de lo mucho que falta para tener un verdadero Estado de Derecho que es, como todo mundo sabe, el gobierno de las leyes justas, siendo justas las leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de la persona, entre los que se encuentra el de propiedad, mismo que en México, dada la total discrecionalidad del gobierno (tanto por el lado del Ejecutivo, como por el flanco del Legislativo) a la hora de cobrar impuestos, no está, ¡va de nuevo!, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, lo cual, ¡nunca estará de más señalarlo!, es gravísimo.

 

¿Cómo es posible que los legisladores, quienes deben de tener claro, ¿o no?, que su tarea es la redacción de leyes justas, que reconozcan y garanticen los derechos de la persona, comenzando por la propiedad, permitan que la discrecionalidad del gobierno a la hora de cobrar de impuestos sea total? ¿No les da vergüenza? ¿No les quita el sueño? ¿No les da pena cada vez que, quincena tras quincena, cobran su sueldo? Claro que la primera pregunta que hay que hacerle a los legisladores es si están conscientes de la mentada discrecionalidad y de lo que ella supone en términos del derecho de propiedad. ¿Lo están?

 

El hecho es que una reforma fiscal correcta debe comenzar por reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente el derecho de propiedad del contribuyente sobre sus ingresos y patrimonio, algo que en México deja mucho que desear, y que, por lo visto, seguirá dejándolo. Es cierto, la Secretaría de Hacienda señala que, entre sus propuestas de reforma, se encuentran algunas destinadas a “otorgar mayor seguridad jurídica al contribuyente”, pero nada que, ni remotamente, suponga establecer limites a la capacidad recaudatoria del gobierno. Insisto: nada que, ni por equivocación, suponga el establecimiento de dicho límite.

 

Nos hemos acostumbrado a las cosas como han sido, razón por la cual nos cuesta trabajo imaginar cómo deberían ser. Nos hemos acostumbrado a pagar, de mala manera, pero a pagar, cuanto tributo se nos ha impuesto, sin preguntarnos ¿con qué derecho el gobierno nos obliga a entregarle parte de nuestros ingresos, parte que, en muchos casos, es por demás considerable? ¿Cuántos de los contribuyentes están conscientes, no tanto de lo que pagan, sino de algo mucho más grave: la total discrecionalidad del gobierno en materia recaudatoria? Usted, lector, en su calidad de contribuyente, ¿duerme tranquilo sabiendo que basta y sobra que el Ejecutivo proponga cobrar más impuestos, y que el Legislativo lo apruebe, para que termine tributando más? Y así las cosas, ¿usted considera que el derecho de propiedad sobre sus ingresos y patrimonio está plenamente reconocido, puntualmente definido, y jurídicamente garantizado? Y después de todo lo dicho, ¿por dónde considera usted que debe iniciar una reforma fiscal correcta?

• Reforma fiscal

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