Washington (AIPE)- Dos recientes decisiones infames de la Corte Suprema de Estados Unidos, una sobre derechos de propiedad y otra sobre federalismo, deben provocar la atención de aquellos que creen en gobiernos limitados y libertad individual. Durante mucho tiempo, los conservadores que comprenden bien la doctrina de poderes enumerados y el papel que juega la Constitución en limitar el poder del gobierno le han permitido a la derecha religiosa y a Planificación Familiar controlar el debate sobre el futuro de la justicia. La única prueba a pasar en la selección de jueces es su opinión respecto a Roe vs. Wade, como si sólo lo que piensan sobre el aborto debe determinar si es o no nombrado a un cargo judicial federal.

El aborto es un asunto serio, sobre el cual pienso que ninguna de las partes ha tomado en cuenta argumentos válidos de sus contrarios. Yo pienso que es una decisión personal (hasta antes del momento en que el feto puede vivir fuera de la matriz), aunque creo que la decisión en Roe fue equivocada al darle un poder policial al gobierno federal que la Constitución niega. Pero es lamentable que este tema monopolice el debate sobre filosofía judicial. Hay asuntos más importantes, tales como el federalismo y la propiedad privada que son los fundamentos de nuestra libertad.

El fallo que ha provocado el mayor rechazo fue el caso Kelo vs. Ciudad de New London, donde con una votación 5 a 4, la Corte Suprema decidió permitir que el gobierno local utilice el alarmante poder de dominio eminente, no para el uso público descrito en la Quinta Enmienda, sino para un uso privado que genere más impuestos municipales. Quince viviendas privadas serán destruidas para dar espacio a un edificio de oficinas y casas de lujo para ejecutivos. No importa si su casa ha pertenecido a su familia por generaciones. Como lo declaró la juez Sandra Day O’Connor en su opinión disidente: el resultado será que el ciudadano común será la víctima en beneficio del rico y del políticamente poderoso.

La buena noticia es que la reacción contra Kelo ha sido tan grande que se ha introducido una propuesta de ley para impedir que el gobierno federal utilice dominio eminente para desarrollo económico, lo cual también se aplicaría en caso que el gobierno local use fondos federales. Por su parte, el Institute for Justice que defendió a Kelo trasladó la batalla a los estados, con la esperanza que los electores y las legislaturas estatales restablezcan la primacía de la propiedad en EEUU. Ya Alabama votó en ese sentido.

El lamentable caso sobre federalismo fue González vs. Raich, donde la Corte Suprema, con una votación de 6 a 3, aplastó una ley estatal de California que permitía dosis de marihuana para combatir el dolor en enfermos y moribundos. Esa decisión vergonzosa carcome la esencia del federalismo: la gobernabilidad en nuestra estructura constitucional funciona principalmente a nivel estatal y local. El gobierno nacional existe para proteger nuestras libertades y dejar tranquilos a los estados.

Es cierto que el federalismo ha sido apaleado desde hace tiempo, por lo menos desde Franklin Roosevelt, quien amenazó con nombrar seis jueces adicionales a la Corte Suprema si esta no aprobaba sus iniciativas inconstitucionales. Pero el fallo en el caso Raich fue de la Corte de Rehnquist, la cual había respaldado el federalismo al decidir en el caso López que Texas podía decidir sobre el porte de armas de los tejanos.

La izquierda no ganaría el debate sobre derechos de propiedad ni quiere volver a debatir el tema del federalismo que cree fue enterrado por el “New deal” de Roosevelt y por ello prefiere centrar el debate sobre filosofía judicial en los derechos al aborto, tema que no consideran central en cuanto a lo que el gobierno debe hacer.

___* Presidente de Cato Institute.

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