MARTES, 22 DE JULIO DE 2008
Consumidor, libertad y bienestar (IV)

El PIB en todo 2019 se contrajo -0.1%. Dado que la política económica de este gobierno no cambiará, ¿cuál es su pronóstico para 2020?
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El punto sobre la i
“Por mucho que nos duela a los liberales, ninguna Constitución es garantía de la libertad.”
Carlos Rodríguez Braun


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“Ofrecer electricidad, ¿es una acción delictiva por su propia naturaleza, que atenta contra la vida, la libertad y la propiedad de los demás, razón por la cual el gobierno, ley de por medio, debe prohibirla? Y si la respuesta es negativa, ¿cómo calificar una ley que prohíbe a los particulares ofrecer electricidad, consolidando por ello un monopolio gubernamental?”


He dedicado las dos última entregas a analizar, parte por parte, la propuesta de un nuevo artículo constitucional a favor, al final de cuentas, del bienestar del consumidor (¡no de los intereses del oferente!, como más de un despistado pudiera pensar), nuevo artículo constitucional que deberá estar redactado en los siguiente términos: “Todo aquel, nacional o extranjero, que quiera participar en cualquier sector de la actividad económica, o en cualquier mercado de la economía, en reconocimiento y garantía de la libertad individual y la propiedad privada, lo podrá hacer sin otro límite que el respeto al mismo derecho en el caso de los demás”.

 

Ya analicé las partes correspondientes a nacional o extranjero y a participar en cualquier sector de la actividad económica, o en cualquier mercado de la economía, debiendo ahora dedicarle tiempo y espacio a la parte que reza “en reconocimiento y garantía de la libertad individual y la propiedad privada…”, para lo cual hay que tener presente, uno, que las únicas acciones que el gobierno debe prohibir son las delictivas por su propia naturaleza, siendo tales aquellas que violan la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad de la persona y, dos, que cada vez que el gobierno prohíbe la realización de alguna actividad económica, o la participación en algún mercado, comete una arbitrariedad que viola la libertad individual para trabajar y emprender, ahorrar e invertir, comerciar y consumir, así como la propiedad privada sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción, lo cual, más allá de sus consecuencias prácticas (limitar o eliminar la competencia y, por lo tanto, reducir las opciones de consumo y el bienestar de los consumidores), no deja de tener una dimensión ética, ni de involucrar una cuestión de principios, aquellos relacionados con la libertad y la propiedad.

 

Consideremos el siguiente ejemplo: un país en el cual la ley le prohíbe a los particulares participar en la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, por reconocer, correctamente, que esas son actividades económicas estratégicas, y por considerar, erróneamente, que precisamente por serlo deben estar en las manos monopólicas de una empresa gubernamental. A esa ley, ¿se la puede calificar de justa, sobre todo si aceptamos que son justas aquellas leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente la vida, libertad y propiedad de las personas? Esa ley, que les prohíbe a los particulares ofrecer electricidad, como si la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica fueran actividades delictivas por su propia naturaleza, ¿es una ley justa, que reconoce, define y garantiza el derecho de la persona a la libertad para ofrecer electricidad y, por lo tanto, que reconoce, define y garantiza el derecho de la persona a la propiedad de los medios de producción necesarios para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer electricidad?

 

Ofrecer electricidad, ¿es una acción delictiva por su propia naturaleza, que atenta contra la vida, la libertad y la propiedad de los demás, razón por la cual el gobierno, ley de por medio, debe prohibirla? Y si la respuesta es negativa, ¿cómo calificar una ley que prohíbe a los particulares ofrecer electricidad, consolidando por ello un monopolio gubernamental? Y más allá de la cuestión de principio, ¿qué efecto tiene ese monopolio sobre la competitividad de las demás empresas y sobre el bienestar de los consumidores?

 

Continuará.

• Competencia

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