DOMINGO, 1 DE ENERO DE 2006
Nueva tiranía de los controles: La ley anti-inmigrante

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“Políticos gringos miopes: ¿Cuándo entenderán que a quienes más les perjudica la anti-inmigración es a los estadounidenses? Políticos mexicanos hipócritas: ¿Cuándo entenderán que los mexicanos se largan por su culpa?”


La aprobación por parte de la cámara baja del Congreso Norteamericano de la Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal, ha hecho renacer nuevamente el discurso anti-yankee de la izquierda mexicana y latinoamericana.

 

Por desgracia, éste tipo de medidas despierta siempre ese espíritu con la que la mayoría de los mexicanos y latinoamericanos hemos sido educados. Con frecuencia atacamos las actitudes xenofóbicas, pero en nuestras escuelas se tolera hablar mal de la cultura norteamericana. Mas incongruencia no puede haber.

 

La nueva Ley estadounidense plantea que los indocumentados reincidentes (aquellos que después de ser deportados nuevamente ingresan a territorio estadounidense) serán sancionados con cárcel; asimismo sanciona a las empresas que contraten trabajadores mexicanos sin documentos oficiales de residencia en EU; finalmente, la ley contempla la construcción de un muro fronterizo de poco más de 1,000 kilómetros que sería construido sobre los estados de California, Nuevo México, Texas y Arizona.

 

El Presidente Fox ha ya declarado como vergonzosa a dicha ley. Por supuesto, esto no ha satisfecho a la izquierda mexicana, que preferiría una declaración de guerra.

 

Para la mayoría de los analistas políticos, se trata de una medida electorera (el próximo año hay elecciones en EU) que difícilmente será aprobada en su redacción original por la Cámara Alta del Congreso Norteamericano (el equivalente a la Cámara de Senadores en México).

 

Lamentablemente, con esta desgarradura de vestiduras, se pierden elementos racionales de juicio y análisis.

 

Para empezar, esta ley no es contra los mexicanos. Se trata sobre todo, de una ley que ataca la libertad económica de los norteamericanos. Así que los primeros preocupados deben ser lo estadounidenses. Decirle a las empresas a quién contratar y en qué condiciones, no es mas que una nueva tiranía de los controles. No reconocer la aportación que los trabajadores “ilegales” hacen a la economía norteamericana es ignorancia económica pura. Cada año, los trabajadores indocumentados (que no sólo son mexicanos) crean riqueza a la economía norteamericana en alrededor de 150 mil millones de dólares; pero esta aportación no tiene contraprestaciones como sería un seguro de salud ó cualquier tipo de seguridad jurídica. Así, el monto que obtiene EU por el trabajo de los indocumentados es aún mayor. Es cierto, es una ley que afecta a los inmigrantes mexicanos, pero sobretodo viola los derechos más elementales de las empresas norteamericanas en materia laboral.

 

Durante los próximos tres años se calcula que la economía norteamericana necesitará a poco más de siete millones más de trabajadores; por supuesto, trabajadores que no serán pagados como en el mercado laboral formal. Así que ponerle trabas a los mercados laborales, implica costos para las empresas, los trabajadores, y sobretodo,  significa ponerle candados a la creación de riqueza.

 

Por otro lado, aunque la economía de las familias y las empresas estadounidenses es boyante, no es el caso del Erario Público de ese país. Francamente vemos muy difícil que el gobierno federal (aún con el apoyo de los gobiernos locales) pueda tener los recursos que implican construir una “muralla china” sobre la frontera. El presidente Bush carga con un déficit fiscal muy abultado (creado en sus años de gobierno), que además ha bajado impuestos, con lo que un mayor gasto difícilmente se dará sin subir la tributación, lo que tendría costos políticos. Como siempre que se hacen leyes que pretenden usar recursos del contribuyente, no se especifica cómo se va a financiar la obra pública, en qué tiempo y la inversión exacta requerida. Francamente, creemos que se trata de una patraña legislativa, que no pasará en el Senado. Sin embargo, la preocupación, reiteramos, debe ser de las empresas estadounidenses a las que se les quiere imponer restricciones que violan flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos. Es una medida que viola el espíritu de libertad, gracias al cual ese país es el más rico del planeta. Finalmente, la historia ha demostrado que ningún control de precios (ó de personas) funciona. Poner “murallas” sólo agrava el problema de la inmigración, pero no la detiene.

 

Por desgracia en México, la sola propuesta de dicha ley, sólo revive el viejo y obsoleto nacionalismo que durante años ha prevalecido en la educación de los mexicanos. Ya se nos olvida que la emigración en nuestro país ha sido resultado de las políticas populistas instrumentadas por un partido antidemocrático durante más de 70 años. Eso no vino de EU.

 

Si queremos solucionar el problema migratorio, lo que debemos hacer es tomar medidas legislativas que permitan crear riqueza, lo que implica hacer reformas estructurales a la economía mexicana.

 

Mal se ven hoy los partidos de oposición “chillando” sobre la ley estadounidense. Se les olvida que ellos han puesto trabas a las reformas que darían más riqueza a los mexicanos, y que por tanto, frenarían la emigración. Hipocresía pura.

 

Sólo las leyes que garantizan una plena libertad económica pueden acabar con fenómenos como la emigración. Los muros sólo complican las cosas, pero jamás aminorarán el intento de un ser humano por alcanzar la prosperidad. Ya vimos cómo se cayó “la cortina de hierro” socialista, pero parece que no aprendemos de la historia.

 

Ojalá que los sectores liberales de los Estados Unidos se den cuenta (y actúen en consecuencia) de que pretenden aplicarles una nueva tiranía gubernamental de los controles.


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