VIERNES, 15 DE AGOSTO DE 2008
Gobierno y delincuencia

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“Las convocatorias para realizar un pacto civil o una cumbre con todos los principales actores políticos para atacar el grave problema de delincuencia en el país son, en realidad, “llamados a misa” porque difícilmente el resultado de estos actos simbólicos será la instrumentación de medidas que ataquen a fondo los problemas estructurales que derivan en la alta incidencia de delitos. La pelota está, exclusivamente, en la cancha del gobierno.”


Las convocatorias para realizar un pacto civil o una cumbre con todos los principales actores políticos para atacar el grave problema de delincuencia en el país son, en realidad, “llamados a misa” porque difícilmente el resultado de estos actos simbólicos será la instrumentación de medidas que ataquen a fondo los problemas estructurales que derivan en la alta incidencia de delitos, entre los cuales destacan tres, todos ellos ligados entre sí: la cultura de la impunidad, la corrupción gubernamental y la negativa del gobierno, en sus tres niveles, para sujetarse al marco legal.

 

La cultura de la impunidad. Se requirió, lamentablemente, del asesinato de Fernando Martí para que los políticos decidieran que ya era momento de hacer algo al respecto. ¿Por qué no antes cuando las víctimas de la delincuencia eran gente común y corriente? Los mexicanos nos hemos acostumbrado a que podemos vivir en la impunidad ante prácticamente cualquier acto que viole una ley o un reglamento, desde una simple violación al reglamento de tránsito hasta el robo, el fraude, el secuestro y el homicidio porque el gobierno no nos obliga al cumplimiento de las leyes. La mayoría de los mexicanos considera que una ley puede ser violada si se considera injusta. Mientras el gobierno no obligue a los individuos a respetar el marco legal y que se perciba entre los habitantes que hay una ganancia en el bienestar social por el puro hecho de respetar las leyes, difícilmente cambiará la actitud del mexicano hacia la ley.

 

La corrupción gubernamental. La impunidad con la cual se cometen diversas violaciones al marco legal también está ligada a la corrupción de los funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno, tanto en el ámbito de los poderes ejecutivos como de los poderes judiciales. El pago de una mordida para no ser infraccionado por una violación de tránsito o el pago a un burócrata para obtener un permiso, actos de por sí graves, son pecatta minuta frente a otros actos de corrupción. Y nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuánto se embolsan los altos funcionarios públicos en cualquier nivel de gobierno por permitir y proteger la economía ilegal (ésta es la acepción correcta y no economía informal)?; ¿cuánto se llevan los altos mandos de la policía o los altos funcionarios públicos por cada peso que se paga como rescate de un secuestrado?; ¿cuánto se embolsan los ministerios públicos y los jueces por dejar libres a los delincuentes? La corrupción es un cáncer que roe el tejido de cualquier sociedad y mientras en México siga imperando la corrupción gubernamental, la situación de seguridad pública no mejorará.

 

La sujeción a la ley. Uno de los elementos esenciales en un íntegro estado de derecho es que el gobierno se sujete al imperio de la ley. El propio gobierno no puede decidir cuando sí y cuando no se aplica una ley, a quién sí o a quién no se le aplica una ley. Si el gobierno interpreta y aplica discrecionalmente las leyes genera corrupción e impunidad; todo, absolutamente todo, se vuelve negociable y, consecuentemente, no hay manera de efectivamente abatir la delincuencia.

 

La pelota está, exclusivamente, en la cancha del gobierno.

• Inseguridad / Crimen

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