Hace años recuerdo de un viaje que hice con mi abuelo a comprar ganando a Texas. Cuando regresábamos le pregunto: ¿por qué compras el ganado en Texas y no en México? Me responde; “porque es el mejor y en México no hay.” ¿Porqué no hay en México? pregunto de nuevo. Me responde ahora: “El gobierno queriendo proteger la ineficiencia, no ha dejado que se desarrolle una buena ganadería.” Aun cuando en esos momentos no entendí su respuesta, sus palabras se gravaron en mi mente. Años después ya yo como ganadero, con asombro veía cómo el gobierno nos cancelaba las exportaciones de becerros para surtir al DF de carne—a la mitad del precio internacional.

La protección del consumidor contra las “prácticas de negocios deshonestas y sin escrúpulos,” se convirtió en cimiento del Estado intruso y, sobre todo, la raíz más profunda de la corrupción. El argumento para el nacimiento de las monstruosas burocracias que participan en este asalto, es que los hombres de negocios sin regularlos se dedicarían a vender productos defectuosos, valores fraudulentos, construirían edificios que con el soplo del viento se derrumbarían. Con esa bandera los gobiernos se han dedicado a edificar sus agencias, fideicomisos, comisiones tan “indispensables” para proteger al pueblo de la “voracidad” de los negociantes.

Sin embargo, es la ambición, como bien lo señalaba Adam Smith—o más bien la búsqueda de su ganancia, lo que verdaderamente garantiza la protección del consumidor. Los colectivistas no entienden que el interés que mueve a los hombres de negocios, es lo que los impulsa a construir una buena reputación—sobre bases morales—para poder subsistir en el mercado. El mercado es ciego y valúa las empresas de acuerdo a su capacidad para generar utilidades, es por ello que una buena reputación puede y debe ser un activo más valioso que sus activos físicos y financieros. Desafortunadamente en México se desarrolló el concepto de la familia revolucionaria en donde, más que el prestigio, lo importante eran las conexiones con el establishment.

El prestigio y la reputación en una economía desburocratizada es la más efectiva herramienta para competir. Los participantes con la mejor reputación son siempre los que se llevan los mejores negocios. Cuando Mike Milken era el Rey de los bonos chatarra, con una llamada telefónica lograba que sus inversionistas le situaran ese mismo día billones de dólares. El caso de este hombre que democratizó el mercado financiero en EU es un buen ejemplo. A Milken sus “enemigos” con ayuda del gobierno, lo tuvieron que enviar a la cárcel con juicios fraudulentos, arruinar su reputación para sacarlo del mercado que él había creado.

Las regulaciones gubernamentales no protegen al consumidor. No fabrican productos de calidad ni proporcionan información confiable. Su única contribución es la de sustituir los verdaderos incentivos por el hostigamiento asumiendo su papel de “redentores” de la sociedad. Cuando hacemos a un lado la montaña de papeles que producen esas burocracias, lo único que encontramos primero es la aniquilación de la competencia—la base de las economías sanas. Segundo; la burocracia ofrece una garantía que el consumidor es el que debería de establecer haciendo sus propios juicios. A través de pasar por su colador a las empresas que cumplen con “sus requisitos” o estándares de su calidad, le afirma al consumidor que su juicio no es necesario.

El propósito de un gobierno regulador, como el que siempre hemos tenido en México, es el de no permitir en lugar de crear algo. La estructura mental de los reguladores es la de López Obrador y su grupo de cortesanos; “no pasa.” Eso se traduce en una serie de obstáculos para el desarrollo de nuevos y mejores productos y una economía moderna. Alguien que trate de construir algo en el DF se enfrentará a un ejército de inspectores, estándares de construcción que datan de la época de los aztecas cerrando así la puerta a las nuevas tecnologías. Los constructores deben dedicar su tiempo a cumplir con esas anacrónicas regulaciones en lugar de buscar nuevas técnicas. De esa forma, es más fácil simplemente dar la requerida mordida para poder seguir adelante.

Esto perjudica seriamente al consumidor, pero la víctima más afectada es el productor. Regulaciones retiran de la competencia la reputación que ha tomado años construir. Es una forma especial de expropiación de algo más valioso que sus activos; su integridad. El valor de una empresa depende de su capacidad para producir utilidades, así el acto de un gobierno para despojar negocios de sus activos físicos o devaluar su reputación “nivelando el terreno,” permanecen en la misma categoría: ambos son actos de expropiación. La legislación proteccionista es lo llamado ley preventiva. Los productores están sujetos a la coerción gubernamental antes de cometer algún delito. En una economía libre, el gobierno sólo interviene cuando se ha cometido fraude, o se ha producido algún daño al consumidor; en esos casos la protección es la ley criminal.

El gran problema de los colectivistas es esa desconfianza a la libertad y al mercado libre; pero es su cruzada de “protección al consumidor” lo que expone la naturaleza de sus premisas. Al preferir la fuerza y la intimidación en lugar de incentivos y recompensa como medios de motivación, ellos declaran su concepto del hombre como un ser bruto sin capacidad para pensar, actuando en el nivel instintivo. De esa forma muestran su ignorancia del papel de la inteligencia en el proceso productivo, y de la visión a largo plazo requerida para mantener una economía moderna. Ahí declaran su incapacidad para entender la crucial importancia de los valores morales que es el verdadero poder motivador de un capitalismo democrático.

En un país como EU en el que un asesino violador puede escapar el castigo de la justicia declarándose enfermo, el mercado no perdona. El capitalismo se basa en individualismo, interés personal y autoestima; “sus pilares son la confianza y la integridad consideradas como las virtudes cardinales y son extraordinariamente redituables demandando que el hombre viva a base de virtudes y no de vicios.” El que no lo hace; por más rehabilitado, el mercado no lo acepta de nuevo. Este es un sistema “superlativamente moral” que los estatistas proponen modificar sobre bases de legislación aplicable sólo por excepción, oleadas de burócratas hambrientos de dinero y sabiendo que la mejor forma de conseguirlo es obstaculizando el proceso, y el ancestral sistema de intimidación.