Han pasado ya los 100 días que el presidente Felipe Calderón estableció como límite el 21 de agosto, al firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, para empezar a dar resultados en la lucha contra el crimen. No tengo idea de qué resultados se presentarán en las reuniones que se lleven a cabo para marcar esta fecha, pero hay buenas razones para pensar que no se ha avanzado demasiado.

Cifras positivas se podrán presentar. De hecho, este gobierno ha realizado más arrestos de presuntos narcotraficantes y decomisos de drogas que cualquier otro en el pasado. Sólo que ya los mexicanos debemos entender que ni las detenciones de narcos ni las confiscaciones de drogas resuelven los problemas de inseguridad que nos afectan directamente a los gobernados.

El Acuerdo por la Seguridad no surgió de la lucha contra el narco sino del secuestro y homicidio del joven Fernando Martí. Fue producto también del hecho que en este sexenio de gobierno las ejecuciones en distintos lugares del país se han disparado a niveles impensables en años anteriores. En los estados de Chihuahua, Baja California, Sinaloa y otros más han surgido verdaderas guerras entre delincuentes que no sólo recuerdan sino superan en violencia y extensión las que se veían en las calles de Chicago en los tiempos de la prohibición de bebidas alcohólicas. Pero además de las disputas entre narcos, hemos visto un auge de delincuencia común y en especial de secuestros, cuyas víctimas son cada vez más familias de clase media o incluso de escasos recursos.

Uno puede entender, por supuesto, que el gobierno dedique una parte muy importante de sus recursos al combate contra el narco. Aún cuando el consumo de drogas no tiene más víctima que el consumidor, la producción, el transporte, la venta y el consumo de estupefacientes están prohibidos en nuestro país. Y el gobierno tiene obligación de aplicar la ley.

El problema es que mientras el Estado dirige sus esfuerzos a impedir que las personas consuman por propia voluntad productos que les hacen daño sólo a ellas misma, los crímenes con víctima --los robos, los homicidios, las violaciones y los secuestros-- están poniendo de rodillas a la sociedad.

Lo peor de todo es que los esfuerzos por combatir el crimen parecen condenados al fracaso por los lazos de las autoridades y los delincuentes. En un momento en que el presidente de la república reitera su confianza en los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República, la lista de funcionarios, ex funcionarios, policías y ex policías detenidos o investigados por supuestos vínculos con el crimen organizado se hace cada vez más inquietante. El que el ex subprocurador Noé Ramírez esté arraigado, y Mario Arturo Velarde, ex secretario particular del secretario de seguridad pública Genaro García Luna, haya sido interrogado como indiciado por supuestos vínculos con el narco debería preocuparnos a todos.

Han pasado 100 días del Acuerdo por la Seguridad. Ha llegado ya el momento en que el propio gobierno se dé cuenta de que el éxito en este esfuerzo no lo da la detención de capos o el decomiso de drogas. El Estado mexicano tiene que demostrar que realmente cuenta con la capacidad de defender a los ciudadanos de los delitos de los que son víctimas.