Cuando la Ley Electoral fue aprobada muchos legisladores celebraron que con ella terminaban las campañas políticas basadas en los comerciales. Incluso el periódico socialista La Jornada tuvo como titular en su día “Sepulta el Senado la dictadura de los espots”. Cualquiera que vea la televisión o escuche la radio semejante afirmación lo menos que le provocará es risa. Debo decir que la avalancha de spots políticos con la que estamos siendo bombardeados a mí me provocan asco y vergüenza.

¿Qué otra cosa podría sentir cuando veo cómo el partido que estableció la “dictadura perfecta” dice en sus comerciales “primero la democracia”? Mismo partido que asesinó a estudiantes en 1968 continua con un “primero la paz” mientras añade “primero el empleo” y “primero salarios más justos” a la vez que se opone a toda reforma que vaya dirigida a estos fines.

Por otra parte, tenemos al PSD quien pretende posicionarse como un partido serio con propuestas interesantes pero dilapidan todo eso cuando con tal de arañar votos ponen a su candidata, la Chiva del Big Brother, en los comerciales del partido. Mientras que NA sin saber cómo ocupar esos espacios se dedica a promover una vida sin drogas.

Continuamos con las francas payasadas del PRD quien nos ofrece un espacio con una niñita junto a un Jesús Ortega (cuya mirada me hace recordar a Michael Jackson) diciendo que la reforma energética fue cosa del PRD, ¡válgame! O con los tan polémicos anuncios del PAN donde promocionan la política social del gobierno que, en teoría, no debería usarse con fines de promoción partidista.

Y qué decir de los comerciales del PT y Convergencia en los que familias de clase media venidas a menos afirman que con el Peje estaríamos mejor. La última vez que escuché algo similar fue de unos ancianos cascarrabias en España quienes decían que con Franco estábamos mejor y que con el Caudillo estas cosas no pasaban.

Después de tamaños despropósitos los bloques de anuncios terminan con los comerciales del IFE instándonos a votar, a elegir alguno de estos inaceptables proyectos políticos ya sea pensando con el pecho o votando a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Un último comercial del instituto muestra a un señor hablando sobe la reforma electoral en todas las pantallas al más puro estilo del Gran Hermano orwelliano.

Como quiera que sea, hay que reconocer la valentía de los medios al enfrentarse al garrote del poder público emitiendo avisos explicando que estos anuncios son IMPUESTOS por la autoridad electoral. Parece que al IFE, a los partidos y al resto de esta casta parasitaria no les gusta que se diga la verdad, que se diga que nos están imponiendo a los telespectadores y a las televisoras estos absurdos comerciales que nos quieren vender una gran mentira: que los partidos se interesan por nuestro bienestar y que trabajan duro por el progreso del país cuando todos sabemos a que se dedican.

Por supuesto, cada que hay pleitos entre los poderes públicos y las televisoras que, bien o mal, solamente hacen uso de su libertad de expresión aparecen las ya famosas cheerleaders de la mordaza: Javier Corral y Manuel Bartlett. Este par no para de recordarnos que el espacio radioeléctrico es propiedad de la nación (propiedad de los políticos) y que por ello los políticos tienen todo el derecho del mundo a imponer sus decisiones.

Precisamente este es el problema, que el estado sea el propietario de los espacios donde se hace uso de la libertad de expresión. La única consecuencia posible de semejante aberración legal es la arbitrariedad de los poderes gubernamentales sobre los medios de comunicación. Por supuesto, la solución pasa por privatizar el espacio radioeléctrico.

Hablo de una privatización completa, que no solo dé a Televisa, a Televisión Azteca y Grupo Imagen la propiedad real sobre sus canales (lo que evitaría que el gobierno pudiera usar la mordaza como Hugo Chávez con RCTV) sino que permita a otros tener la propiedad del resto del espacio. Habría una verdadera competencia en un mercado verdaderamente libre que redundaría en una mayor calidad en la programación y un efectivo ejercicio de la libertad de expresión hoy lesionada por el IFE y otros organismos públicos.