Hubo un tiempo en que se argumentaba que los contribuyentes debíamos pagar buenos sueldos a los funcionarios públicos para evitar la corrupción. La idea detrás es que los funcionarios eran empujados a la corrupción por sus magros salarios. A nadie se le ocurría que fueran corruptos simplemente por corruptos y no por ganar poco.

En aquellos momentos se pensaba que había que ocultar los sueldos de los funcionarios. Por eso se inventó un sistema según el cual a los funcionarios se les pagaba un sueldo nominal relativamente bajo, el cual se compensaba con remuneraciones y bonos adicionales que se entregaban por debajo del agua. Varios políticos han contado cómo se les hacían pagos en efectivo o en cheque, pero fuera de nómina, si el presidente o un secretario de estado consideraban que habían sido eficientes en su labor o particularmente leales.

Hoy las cosas son distintas. La partida secreta de la Presidencia de la República ha desaparecido. Los esfuerzos de los contralores y de los medios de comunicación por garantizar que no se hagan pagos extraoficiales a los funcionarios han ido en aumento. La nueva transparencia, sin embargo, nos ha llevado a conocer cosas que quizá nos inquieten, y una de ellas es el ingreso real de los altos funcionarios públicos.

Este 24 de febrero, la junta general ejecutiva del Instituto Federal Electoral otorgó a los consejeros del IFE, a petición de ellos mismos, un aumento de sueldos que iba de 172 mil a 330 mil pesos al mes. Desde un principio los consejeros y funcionarios del IFE actuaron con sigilo. El aumento no sería incorporado al sueldo sino que se otorgaría en una serie de bonos, quizá para impedir que los medios de comunicación se dieran cuenta.

La junta ejecutiva, sin embargo, no estaba haciendo más que aplicar la ley. Nuestros legisladores, que nunca han entendido la diferencia entre una Constitución y una ley secundaria, incluyeron en el artículo 41 de la Constitución una disposición para hacer que el sueldo de los consejeros del IFE fuera igual al de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los funcionarios mejor pagados de todos los poderes del Estado. Parecía absurdo así que algunos legisladores cuestionaran a los consejeros por darse un aumento salarial que los legisladores mismos habían incorporado a la ley.

Los consejeros se echaron para atrás y anunciaron que no recibirían el aumento. Sin embargo, no devolverán el dinero a los contribuyentes: aún están estudiando qué hacer con él.

Como si el tema fuera una mala comedia, el 26 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Manual de procedimientos de la Suprema Corte que señalaba que el sueldo de los ministros sería equivalente a 347 mil pesos al mes. Esto implicaría un aumento de 4.3 por ciento sobre los montos del 2008.

Otros funcionarios del Poder Judicial son igualmente bien pagados: Los consejeros de la Judicatura Federal ganan ya 337 mil pesos mensuales; los magistrados del Tribunal Electoral, 343 mil pesos; los magistrados de circuito, 200 mil pesos al mes; y los jueces de distrito, 176 mil. En comparación, el sueldo total más prestaciones del presidente de la república, que se eleva a 277 mil  pesos al mes parece modesto.

Una cosa, por supuesto, es que se pague bien a los funcionarios para no obligarlos a recurrir a la corrupción, pero otra muy distinta es que reciban sueldos que se encuentran entre los más altos del mundo. Es injusto arrancar impuestos a una población empobrecida para pagar estos sueldos.