VIERNES, 27 DE MARZO DE 2009
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El punto sobre la i
“El gobierno es, esencialmente, poder frente al ciudadano. ¿Qué lo justifica?”
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“Este año la economía mexicana experimentará una caída significativa de la producción así como un notable aumento del desempleo abierto y del subempleo y es en realidad poco lo que el gobierno puede hacer para atenuar la recesión, particularmente por dos razones.”


Parecería prematuro, pero es indispensable pensar en 2010 y años posteriores. Este año la economía mexicana experimentará una caída significativa de la producción así como un notable aumento del desempleo abierto y del subempleo y es en realidad poco lo que el gobierno puede hacer para atenuar la recesión, particularmente por dos razones. La primera es la debilidad estructural de las finanzas públicas que impide ejercer una política fiscal contracíclica; la segunda es la ineficiencia institucional caracterizada por leyes y regulaciones ineficientes y excesivas que hacen que los costos de transacción sean muy elevados, hecho que se agrava por la incertidumbre de que los derechos privados de propiedad estén efectivamente garantizados. Pensar en 2010 y después implica empezar a diseñar e instrumentar ese marco institucional que alinee los incentivos individuales y de las empresas, en una economía de mercado, con el objetivo de lograr tasas de crecimiento económico alto y sostenido acompañadas de un aumento, también sostenido, de los salarios reales.

 

En la mejora del marco institucional y, en consecuencia de los incentivos relativos, destacan varias reformas que urge llevar a cabo, entre las que se encuentran la laboral y de seguridad social, la de los poderes judiciales estatales, la de las regulaciones en los tres niveles de gobierno, particularmente las estatales y municipales, aquella que fortalezca a la Comisión Federal de Competencia para que pueda efectivamente regular las prácticas monopólicas, la tributaria y otras.

 

Resalta, no por que las otras no sean importantes, la urgente necesidad de una reforma tributaria. Prácticamente desde finales de la década de los setenta del siglo pasado, como resultado de haber tenido los ingresos petroleros, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo se han visto seriamente presionados para diseñar un sistema tributario que además de generar los incentivos eficientes para el trabajo, el ahorro y la inversión, le provea al gobierno de los recursos para financiar su gasto. Esto sin embargo, va a cambiar drásticamente a partir de 2010 cuando se conjunten dos elementos: la caída de la producción y las exportaciones de petróleo y la persistencia, dada la recesión mundial, de un relativamente bajo precio de este bien.

 

Dado el nivel de gasto que el sector público desea ejercer, la pérdida de ingresos petroleros tiene necesariamente que ser compensada con mayores ingresos tributarios y de ahí la imperiosa necesidad de la reforma tributaria que no solo genere para el gobierno esos ingresos sino que, por demás crucial, además alinee los incentivos con el objetivo de crecimiento. Al respecto, ya no es posible seguir posponiendo la actuación en cuatro áreas particulares: la homogeneización del IVA, la adopción de un impuesto sobre la renta proporcional a las personas físicas, la sustitución completa del ISR a las empresas por el IETU y, de manera importante, el que los estados y municipios hagan un esfuerzo para aumentar su propia recaudación y dependan menos de las transferencias federales.

 

No actuar hoy en esta área, agravaría para el futuro cercano la debilidad estructural de las finanzas públicas con claras consecuencias negativas para el crecimiento económico.

• Reformas estructurales

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