Indudablemente en las últimas décadas algunas inversiones en salud y sobre todo en infraestructura pública (hospitales, sistemas de drenaje, agua potable, métodos para controlar plagas, etc.) fueron acertadas y contribuyeron a la reducción de la mortalidad por enfermedades como la tuberculosis, la viruela, el tétano ó la malaria. Sin embargo, y pese a que el promedio de esperanza de vida de los mexicanos se ha acercado -prácticamente igualado- a la de los países desarrollados, persiste un sistema de salud cuya oferta ineficiente genera un nivel de vida médica muy por debajo de las naciones ricas. Al mismo tiempo, los pobres en extrema pobreza padecen todavía algunas de las enfermedades vistas en países tan pobres como los africanos.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en diversos estudios sobre la salud pública en México nos señala la cruda realidad médica que padecen los mexicanos. Por ejemplo, se señala que la mortalidad infantil es de 20.5 niños por cada 1000 nacidos vivos, frente a 6.2 en el promedio de los países de la OCDE. Otro ejemplo, la tasa de mortalidad materna es de 65.2 mujeres por cada 100 mil frente a 8.4 en los países que constituyen la OCDE. Y así podríamos inundar de cifras este artículo si vemos números en materia de suficiencia de camas, equipos, médicos y medicinas.

Estos estudios también señalan que la forma en que opera el sistema de salud pública promueve la inequidad, pues al capricho se construyen hospitales sin criterios adecuados de costo-beneficio, es decir, el gobierno mantiene sistemas de atención paralelos que crean perversas inequidades, pues por un lado los pobres se atienden en centros de salud que operan con deficientes equipos de salud y personal médico escaso y, por otro, es en las áreas urbanas en donde se concentra la mayor parte de las inversiones en nuevas clínicas y hospitales cuyos criterios tampoco obedecen a estudios técnicos de rentabilidad social, sino a criterios de poder político y económico de la población asegurada, la cual, a pesar de esta ventaja sufrirá también de un servicio lento e ineficiente.

Los defensores del sistema mexicano de salud estatista aducen que la causa de las deficiencias en la atención a los pacientes es la falta de inversiones por parte del gobierno en infraestructura médica. Pero ello no es cierto, y ahí están las cantidades millonarias para cubrir cada año los boquetes financieros que enfrentan IMSS e ISSSTE. Recursos que deberían ir a nuevos hospitales y a adquisición de equipo y medicinas, al final van a parar a cubrir sueldos y pensiones del personal obeso (excesivo) sindicalizado que se jubilaba en edad promedio (con montos que superaban de entre 30 y 40% su último sueldo), muy por debajo del resto de los mexicanos, como si ellos fueran mexicanos de “primera clase” y el resto de segunda.

Ya desde Vicente Fox se le empezó a poner límites a estos excesos y los nuevos empleados del duopolio médico gubernamental tendrán que sujetarse reglas que se parezcan más a las que aplican a la mayoría de los mexicanos cuando se retiran. Es un respiro pequeño, pues a más creación de nuevos hospitales con las reglas del sindicalismo corporativista priísta, nuevas presiones surgirán para cubrir sueldos y pensiones futuras, así que la salida no es por ahí.

La salud genera lo que los economistas llaman “externalidades positivas”, es decir, el que las personas estén sanas beneficia a quienes les rodean lo que es parte esencial para que lo que llamamos capital humano funcione de manera idónea y ello redunde en una mayor generación de riqueza que beneficia a la totalidad de la sociedad.

Lo anterior no implica que sea el gobierno el que deba asumir todas las responsabilidades de atención médica de los ciudadanos. Eso no funciona y por ello cada vez más países evolucionan hacia sistemas de salud en donde el Estado no “duplica” a los sistemas de salud pública sino los complementa con la atención hacia lo que menos tienen.

Por ejemplo, en Chile funciona lo que se denomina ISAPRES, que consiste en que cada individuo tiene la plena libertad de afiliarse a una compañía privada-la que elija de acuerdo a sus intereses y preferencias- de seguros que le proveerá de diversos planes de salud. Ó puede optar por afilarse a los oferentes gubernamentales. Ello crea incentivos a la competencia y evita que el gobierno monopolice los servicios de salud.

En México dicho sistema podría adoptarse y con ello ofrecer a los trabajadores nuevas opciones de atención médica privada que compitan por los recursos de los trabajadores que hoy obligatoriamente van a parar en su totalidad al IMSS. En países como EU (a pesar del nefasto Medicare), Alemania y Holanda también están evolucionando de la medicina estatista hacia estos esquemas más liberales, que dan preponderancia no al colectivo sino a los individuos.

Insistimos, lo ideal son cuentas individuales de ahorro médico, en donde los individuos enfrenan en el margen los costos de su salud. Bienes esenciales-tanto como la atención a la salud- como los alimentos los adquirimos a través de los mecanismos de mercado, sin interferencia gubernamental; sin embargo, en la salud los gobiernos arbitrariamente han monopolizado los servicios y ello ha propiciado ineficiencia e inequidad.

No es por tanto la mejor salida proseguir con el actual sistema de “solidaridad” priísta.

Lamentablemente el Presidente Calderón fue educado en una época en la que se decía que los bienes privados debían ser provistos por las empresas y los públicos como la salud y la educación (que de acuerdo a la economía estos bienes en realidad presentan características de bienes privados, por lo que pueden ser perfectamente ofrecidos por particulares) exclusivamente por el gobierno. Al día de hoy, el gobierno mexicano prosigue con el esquema priísta, así que la creación de más y más escuelas y hospitales-sin adecuados criterios costo beneficio- que funcionan de acuerdo a perversos incentivos corporativo-sindicalistas, difícilmente generarán un círculo virtuoso que se traduzca en mayor generación de riqueza.

En materia de aprovisionamiento de vacunas y antibióticos, efectivamente, dado que las epidemias son una amenaza constante para la humanidad, y ello puede dar lugar a la “creación” de un bien público como es la información y la cooperación científica, no significa que sean los gobiernos los que construyan y operen grandes laboratorios que luego terminen burocratizados y atrapados en la grilla sindical como sucede con el estatismo mexicano (el estatismo gringo y europeo es superior en eficiencia al mexicano, pues aunque padezcan los síntomas burocráticos afín a todas las entidades operadas por los gobiernos, no mantienen esas indeseables inercias sindicales corporativistas priístas con las que operan las instancias gubernamentales en México; además los criterios costo-beneficio y la revisión de cuentas también hacen la diferencia con sus contrapartes mexicanas) y que ya luego no dan los resultados deseados a los contribuyentes.

El proveer de información precautoria y vacunas en un primer momento a la población es responsabilidad de los gobiernos (desde el punto de la economía son externalidades positivas por el lado de la demanda, lo que da pie a la intervención gubernamental), pero ello no los debe convertir en productores directos de las vacunas. Para ello es mejor que el gobierno provea un esquema de alta competencia (sin proteccionismo comercial hacia ciertos laboratorios poderosos y que actúan como buscadores de rentas, es decir buscan una ganancia a costa del consumidor y propiciada por la complicidad gubernamental) entre laboratorios que provoquen incentivos continuos para la innovación. No por nada son los laboratorios privados los que año con año obtienen el mayor número de patentes.

Disculpe el lector, me hubiera gustado terminar mi exposición de ideas, pero estoy presionado por razones de tiempo y espacio. Así que en el próximo artículo proseguiré abordando cuestiones fundamentales que respondan a las siguientes preguntas ¿hasta qué punto debe el gobierno proveer vacunas sobre todo cuando parece que hay rebrote de la influenza? ¿Cuándo debe ser el mercado el mejor mecanismo para proveer vacunas y medicinas? ¿Cuáles son los peligros del proteccionismo comercial en el sector salud? Y finalmente ¿funcionan adecuadamente los incentivos en la obtención de patentes médicas? Estará bueno, se lo prometo amigo lector.