“La función fundamental de un buen gobierno, es la protección de la vida, la libertad y la propiedad de sus gobernados.”

Thomas Jefferson

Sr. Gobernador electo: Una sociedad libre y próspera se debe de construir sobre el cimiento de la ley. Federico Bastiat escribió: “¡Cuando la ley, al igual que los poderes policíacos del Estado se ha pervertido, entonces no solo se tornan en contra de su propósito, sino que siguen el rumbo totalmente opuesto! ¡La ley se convierte en un arma para proteger la voracidad y el abuso! ¡En lugar de luchar contra el crimen y la injusticia, la ley se convierte en instrumento de lo diabólico que debe de combatir!”

La ley en México ha sido un instrumento de opresión actuando en la dirección opuesta de su propósito. Ha sido usada para destruir el objetivo para lo cual fue establecida. Para pisotear la justicia que debe promover; para destruir derechos que debe mantener. La ley dispone de la fuerza y la usa para apoyar a hombres sin escrúpulos cuando intentan explotar a otros, agredir sus vidas, sus libertades y sus propiedades. Ha convertido el despojo en un derecho y así protegerlo. Ha hecho de la defensa legal en un crimen, para así castigar ese derecho. La ley en Sonora ha sido el instrumento para oprimir, para venganzas personales y la causa de nuestro subdesarrollo.

El nuevo gobernador se debe de abocar con urgencia al entorno más importante que debe darle marco a su mandato y en estos momentos es la fosa séptica del estado mexicano; nuestro sistema judicial. El nuevo mandatario deberá establecer como su objetivo supremo el crear un sistema limpio, honesto e independiente.

Le aconsejo acudir a Hernando de Soto y Enrique Gerhsi; peruanos, el primero gran economista, el segundo brillante abogado y coautores del libro: “El Misterio del Capital.” En esa obra nos iluminan en lo que los sistemas judiciales corruptos causan en los países del mundo, siendo, además de ahuyentar la inversión, uno de sus principales retoños la economía informal. Los participantes en el mercado para evitar el tener que lidiar con auditorias, permisos, mordidas, inspectores, reglamentos, se sumergen en los túneles de esa economía que en Sonora representa billones de dólares que permanecen inermes.

Se estima que en México hay más de 700,000 vendedores ambulantes. Miles de gentes trabajan en la penumbra formando pequeños negocios que no registran y operan en el limbo. El Instituto de Estadística estima que el número de negocios informales operando en todo el país es de 8,000,000. Si sólo consideramos los vendedores ambulantes del DF para formarlos en una línea ininterrumpida, la podríamos fabricar de una longitud cercana a 300 Kilómetros. El Centro para el estudio económico del sector privado (CPSEIS), estima que este sector informal representa hasta un 39% del PIB nacional. Sin embargo, no existe documentación al respecto, no pagan impuestos, no aportan al seguro social, no pueden acudir a los bancos etc.

Se estima también que en México existen más de 5 millones de bienes inmuebles sin escrituras que los amparen. Cerca de 10 millones de hectáreas agrícolas y ganaderas en el mismo dilema. Si a toda la actividad informal de la economía mexicana se le diera un cauce legal, De Soto estima que el PIB del país casi se podría duplicar.

Estos actores del mercado han creado activos de valores incalculables pero he aquí el problema; no existe documentación que los ampare y, por lo mismo, no pueden utilizarlos formalmente para crear más riqueza. El capital, como la energía, es un valor durmiente. Activarlo requiere algo más que observación. Requiere un proceso mediante el cual el potencial económico del activo se fije a una forma que pueda ser usado de forma creativa y así crear más riqueza.

El nuevo gobernador, mediante esta asepsia del sistema judicial, no sólo estará estableciendo un florido campo para la inversión ya protegida por un sistema renovado, logrará algo más importante, el darle una avenida a esa economía informal para que, mediante su regularización, pueda utilizar sus activos y así emerja ese nuevo capital tan necesario. Un amigo mío durante 11 años trató de hacer un cambio de uso de suelo de una propiedad, al toparse con la mafia de la burocracia corrupta, simplemente construyó lo que tenía en mente. Sin embargo, para efectos “legales” ese activo no existe, no lo puede utilizar para hipotecarlo, obtener “capital” y así ampliar su negocio o hacer otras inversiones.

Si el nuevo mandatario se da una vuelta por los barrios más humildes de las principales ciudades del Estado, podrá observar construcciones, talleres, tiendillas, carpinterías, etc., que no tienen escrituras, títulos de propiedad, no están registradas y para efectos legales no existen. Sin embargo, esos activos representan capital que ya está formado pero no se puede incorporar a la creación de nueva riqueza. Le recomiendo que haga lo mismo en todos los ejidos. Miles y miles de hectáreas de terrenos cuya propiedad es más fácil definir que una curva de Randy Johnson, y que igual permanecen congelados sin acceso al crédito para sus requeridas inversiones y aprovechar su potencial.

Ley debe ser justicia. Y sobre el reino de justicia, sobre el reino del derecho, de la libertad, seguridad, y responsabilidad—es como cada persona podrá obtener lo que realmente merece y lograr su dignidad.  Y solamente así, bajo el reino de la ley y la justicia es que los seres humanos podremos lograr ese ordenado, justo y pacifico progreso de la humanidad. Sin la ley, vivimos en una selva como la que hemos tenido en Sonora durante décadas con pocos cazadores y muchas presas.

Los países pacíficos, justos, prósperos son aquellos en los cuales la ley interfiere lo mínimo en los asuntos privados de sus ciudadanos; cuando las acciones del gobierno son tenues; donde el individuo tiene el mayor ángulo de movimiento, de opinión, de influencia; donde los poderes políticos son moderados; los impuestos son reducidos; grupos e individuos asumen sus responsabilidades con seriedad; donde comercio, asociaciones, asambleas no son restringidas; donde el ser humano puede seguir sus inclinaciones naturales bajo el reino de esa ley.

Aun cuando el ser humano no es perfecto, las esperanzas de crear mejores sociedades se basan en acciones libres y voluntarias de sus miembros dentro de los límites del derecho, la ley y su fuerza sólo deben ser usadas para la administración de la justicia universal. Ese es al ambiente que nuestro nuevo mandatario debe promover en el Estado para convertirlo en eso; un Estado de derecho, de libertad y prosperidad con oportunidades para todos.

Escribe finalmente Bastiat: “Dios nos ha dado lo necesario para lograr nuestros destinos; estructuras humanas y sociales. Estos órganos se constituyen de tal forma que se desarrollan armoniosamente en un ambiente de libertad. Lejos pues de “los organizadores.” Lejos de sus pinzas, tenazas y cadenas. Lejos de los caprichos de los administradores del gobierno, de su ingeniería social, tarifas, las escuelas del Estado, de su crédito promotor, sus regulaciones, su igualitarismo a través de sus mercenarios impuestos y de sus piadosas moralizaciones. Señor gobernador electo, dígale a los legisladores no nos den más leyes, dénos protección y libertad.