Ni siquiera la Suprema Corte de Justicia puede sustraerse a la presión de los medios de comunicación. Este jueves 6 de agosto el pleno de la Corte decidió, en una votación de ocho contra tres, empezar una investigación en torno al incendio del 5 de junio de 2009 en el que fallecieron 49 niños en la guardería ABC subrogada por el IMSS en Hermosillo, Sonora.

El artículo 97 de la Constitución da a la Corte la facultad de llevar a cabo investigaciones sobre graves violaciones a las garantías individuales, pero no le permite reemplazar al ministerio público en su monopolio de procesar a presuntos responsables de delitos. La disposición se estableció como un último recurso en aquellos casos en que fallaba irremediablemente el sistema de justicia y las procuradurías se negaban a presentar acusaciones en contra de funcionarios que violaban las garantías de los gobernados.

El caso de la guardería ABC de Hermosillo, sin embargo, no parece cumplir con esos criterios. Para empezar, nadie sostiene que alguna autoridad haya decidido prender fuego a la guardería con el ánimo perverso de matar a los niños. Lo sucedido el 5 de junio fue un accidente, sin duda facilitado por la negligencia de algunas autoridades, pero al final un accidente. Y difícilmente puede considerarse un acto de negligencia como una “grave violación a las garantías individuales”.

Pero, además, no se puede argumentar que la trágica muerte de estos infantes no esté siendo investigada por las autoridades correspondientes. Originalmente tomó el caso la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora. Posteriormente lo atrajo la Procuraduría General de la República. Más de una docena de personas han sido acusadas de homicidio y lesiones, pero dolosos, esto es, imprudenciales.

Casi todos los acusados pueden enfrentar sus procesos en libertad bajo fianza, no por algún acto de corrupción o por influencia, sino porque la ley así lo determina. Hay una persona en la cárcel todavía, Irma Díaz, supervisora de guarderías del IMSS, pero no porque su presunto delito sea más grave sino porque al ser funcionaria pública se le impide el acceso a la garantía constitucional de libertad bajo fianza. Las responsabilidades de la señora Díaz, sin embargo, eran supervisar a las guarderías de Hermosillo en su funcionamiento académico y en el bienestar de los niños. No tenía responsabilidades en materia de seguridad física, para lo cual tampoco tendría conocimiento debido a que es psicóloga de profesión.

Tendremos, por lo tanto, dos investigaciones. Una, la de la justicia federal, se encuentra bastante avanzada, porque los juicios ya se están llevando a cabo. La otra, la de la Suprema Corte, apenas va a empezar. Pero esta última investigación sólo podrá concentrarse en la presunta violación de garantías individuales. Y una vez que concluya la Corte no podrá presentar acusaciones.

Los padres de las víctimas de la guardería ABC, así como sus abogados, están conscientes de las limitaciones de cualquier investigación de la Suprema Corte. Sin embargo, es tal la incredulidad ante la justicia ordinaria que los mexicanos parecen ver en el máximo tribunal una esperanza. El problema es lo que pueda ocurrir una vez que la Corte concluya su investigación y se hagan evidentes las limitaciones de la institución.