Si hacemos a un lado las exportaciones de petróleo crudo y contabilizamos únicamente la balanza comercial de derivados del petróleo: gasolinas, gas, combustóleo y diesel, aunque parezca increíble, tenemos un intercambio comercial deficitario, importamos más de lo que exportamos.

De seguir las mismas tendencias y bajar el precio del crudo, en unos 10 ó 15 años el valor de lo que exportemos de crudo será menor al valor de las gasolinas y derivados de petróleo que importemos. Debido a un grupo de legisladores del PRI y del PRD, que se oponen a que los particulares entren a refinar petróleo, tenemos que importar lo que de un plumazo, si se hicieran reformas a nuestras leyes, se podría producir en México.

Para lograr la autosuficiencia en gasolinas, de las cuales importamos cerca del 30% de las que consumimos, es necesario construir 7 u 8 refinerías con un valor de 3,500 a 4,000 millones de dólares. Esas cantidades no las tiene PEMEX. Apenas si le alcanza para mantener trabajando las actuales refinerías.

Si las leyes permitieran que los inversionistas particulares y extranjeros invirtieran en refinación en los mismos complejos petroquímicos que ya existen, se podría lograr la autosuficiencia en gasolinas, sin necesidad de que el Estado invirtiera un solo centavo. Además, esas refinerías pagarían impuestos y crearían cerca de 200 mil empleos, muchos de los cuales serían sindicalizados. Actualmente esos empleos se crean en los Estados Unidos y en los demás países de donde importamos gasolinas.

Sin embargo las lógicas y necesarias reformas, que abran la refinación al sector privado, como sucede en casi todos los países petroleros, no son apoyadas por legisladores de oposición. En un afán de perjudicar al actual gobierno y con la excusa de que cualquier cambio que abra la inversión a particulares en el sector petrolero va contra la soberanía, esos legisladores son responsables del incremento de las importaciones de petrolíferos.

La oposición a la apertura energética tiene un costo para los mexicanos: bajo crecimiento económico, menor creación de empleos, pérdida de competitividad de nuestras empresas, las que tienen que pagar la electricidad, el gas y otros petrolíferos a mayores precios y un mayor gasto en luz, gas y gasolinas en millones de hogares.