El María Isabel Sheraton, hotel ya clásico de la capital, ha sido escenario de una verdadera comedia de errores. Entre los protagonistas tenemos a un vecino –el caribeño— al que le encanta meternos en líos, a otro vecino –el güero— al que le gusta imponerse sobre los demás, a una Secretaría de Relaciones Exteriores que no se entera de lo que ocurre hasta muy tarde y a un gobierno local al que le gusta sacar tajada política de cualquier cosa.

No hay duda de que México no se puede quedar cruzado de brazos cuando el gobierno de Estados Unidos ordena a una empresa establecida en nuestro país que expulse a unos clientes de sus instalaciones. México cuenta con una ley de 1996 que prohíbe la aplicación en nuestro territorio de leyes extranjeras cuando pretenden obstaculizar el comercio o la inversión. Las empresas foráneas que operan en México, por otra parte, se comprometen a respetar las leyes mexicanas cuando se establecen aquí. Varias leyes mexicanas, además, prohíben la discriminación.

Qué extraño, sin embargo, que los funcionarios cubanos que asistieron a una reunión con directivos de empresas petroleras estadounidenses hayan decidido hacerlo abiertamente en el único hotel 100 por ciento estadounidense de la ciudad y además en una instalación adyacente a la embajada de Estados Unidos. Casi parecería que a los cubanos les interesaba provocar el escándalo que finalmente se desató.

La reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue, por decirlo suavemente, confusa. En un principio un vocero de la cancillería señaló que el asunto era un problema entre particulares por lo que el gobierno mexicano no podía intervenir. Un día después, el propio secretario Luis Ernesto Derbez señaló que el caso se estudiaría para determinar si había una violación a la soberanía mexicana. Más tarde Derbez anunció que la falta era del hotel, pero no del gobierno de Estados Unidos.

Pero si la Secretaría de Relaciones Exteriores pecó de falta de claridad en su reacción, la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, encabezada por Virginia Jaramillo –del grupo político de René Bejarano y Dolores Padierna--, cayó en el otro extremo. Después de una inspección de ocho horas, la jefa delegacional anunció que se clausuraría definitivamente el hotel y se le retiraría su licencia de operación. La decisión, según Jaramillo, no tenía nada que ver con la expulsión de los cubanos, sino con diversas irregularidades encontradas en los permisos y operación del hotel. Pero en diversas entrevistas ella misma se encargó de socavar su posición al señalar que “la prepotencia se castiga, y se castiga caro” y que sus medidas habían sido una acción “patriótica” tras la expulsión de los cubanos.

A final de cuentas el sainete del María Isabel dejó a muchos mal parados. El hotel, entre la espada y la pared, es quizá el menos responsable. El gobierno estadounidense ha dado una nueva muestra de sus actitudes imperiales; la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, de confusión; y el gobierno perredista de la Delegación Cuauhtémoc, de desprecio por la justicia.

En todo esto los únicos aparentes ganadores son los cubanos, que si realmente montaron el sainete deben estar riéndose muy fuerte allá en la Habana.