Jaque Mate
Abr 28, 2010
Sergio Sarmiento

Batalla por los medios

Pocos temas hay que generen tanta controversia como la legislación en materia de radio y televisión. Posiciones que nadie propondría para otras industrias, como la creación de organismos de censura o la licitación de concesiones a su vencimiento, son promovidas sin sonrojo en este caso.

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Pocos temas hay que generen tanta controversia como la legislación en materia de radio y televisión. Posiciones que nadie propondría para otras industrias, como la creación de organismos de censura o la licitación de concesiones a su vencimiento, son promovidas sin sonrojo en este caso.

El Congreso de la Unión y el Ejecutivo promulgaron una nueva legislación sobre radio, televisión y telecomunicaciones apenas en 2006. Las dificultades de este tema quedan de manifiesto en el hecho de que, aunque la Cámara de Diputados votó por unanimidad a favor de la legislación, el entonces coordinador de los diputados del PRD y actual senador Pablo Gómez dijo tras el voto que ni él ni sus diputados habían leído la iniciativa. Esa misma singularidad queda de manifiesto en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en 2007 determinó que la renovación de las concesiones no sólo no debe hacerse de manera automática, como en la mayoría de los países del mundo, sino que además cada una debe licitarse cada vez que venza.

No hay nada en la Constitución, por supuesto, que señale que las concesiones de cualquier tipo deban ser licitadas a su vencimiento. Ninguna otra concesión del Estado mexicano, en la banca, en la minería o en las aerolíneas, debe ser licitada nuevamente al vencimiento. Los ministros tomaron una decisión que no tiene sentido jurídico, pero que puede ser un desastre en lo práctico.

Desde entonces, los medios de comunicación de nuestro país han vivido en un ambiente de incertidumbre. Las televisoras están protegidas por algunos años ya que sus concesiones vencen en 2021. Pero muchas de las concesiones de radiodifusoras ya han vencido por lo que las empresas han tenido que seguir operando en el limbo.

La autoridad sabe que sería un abuso despojar a estas empresas de sus concesiones para llevar a cabo nuevas licitaciones por ellas. En ningún país del mundo se hace eso. Nadie haría inversiones de largo plazo en una industria como ésta si no supiera que tendría las concesiones en períodos mucho más largos. Pero tampoco nadie se atreve a renovar las concesiones en aparente desacato con el fallo de la Corte.

El tema ha caído nuevamente en manos del Congreso. Pero los grupos políticos que buscan controlar los medios de comunicación han aprovechado la discusión para tratar de cobrar facturas a la industria. Exigen así el establecimiento de órganos que regulen no sólo la parte técnica de las transmisiones sino los contenidos, lo cual establecería una censura oficial en el país. Buscan también despojar a los actuales concesionarias de las frecuencias que tienen para entregarlas a grupos que ellos suponen serán más dóciles a sus proyectos políticos.

México está viviendo un momento de gran riesgo. La libertad de expresión se encuentra en peligro, pero también lo está una industria crucial para el país.

Lo lógico sería adoptar las mejores prácticas de los países del mundo donde se respetan las libertades individuales y económicas. Desafortunadamente, algunos grupos políticos prefieren buscar en países autoritarios, como Venezuela y Cuba, el modelo a adoptar en los medios de comunicación de nuestro país.

 



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El punto sobre la i

Si le sacas $5000 a un tipo que trabaja y les das $1000 a cinco tipos que no trabajan, pierdes un voto pero ganas cinco. En el neto ganas cuatro. Ésta es la esfera piramidal más grande de la historia: se llama socialismo. Los que reciben planes no deberían tener derecho a votar.

Miguel Ángel Boggiano
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