MARTES, 12 DE ABRIL DE 2011
¿Cómo vencer la violencia? (IV): ¿Pegarles donde más les duele? ¿Policía única?

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“Inspirados por el credo pacifista, muchos críticos se oponen que se use la violencia del Estado contra el crimen organizado y proponen que en lugar de ello el gobierno se concentre en combatir el lavado de dinero. Eso, dicen, desarticularía la capacidad de violencia de las organizaciones criminales porque a los capos se les “pegaría en donde más les duele”. ¿Será?”


¿Pegarles donde más les duele?

Inspirados por el credo pacifista, muchos críticos se oponen que se use la violencia del Estado contra el crimen organizado (pues “la violencia sólo provoca violencia”) y proponen que en lugar de ello el gobierno se concentre en combatir el lavado de dinero. Eso, dicen, desarticularía la capacidad de violencia de las organizaciones criminales porque a los capos se les “pegaría en donde más les duele” (en el bolsillo).

Es conmovedora la renuncia a la lógica de los pacifistas. Si de veras el combate al lavado de dinero es viable y si en efecto les va pegar a los capos donde más les duele ¿no acaso eso provocará una reacción más virulenta?

El gobierno federal ya hecho suyo el despropósito y promueve una reforma legislativa que, por ejemplo, busca prácticamente proscribir las operaciones comerciales con dinero en efectivo.

Para lograr el objetivo de quitarle sus activos al crimen organizado, habría que desarrollar un esfuerzo mucho mayor al que de por sí ya supone la “guerra a las drogas”. De hecho solamente un régimen totalitario podría lograrlo.

¿Por qué en ninguna parte del mundo siquiera se ha intentado un plan así contra el lavado de dinero? ¡Porque no funciona, porque es un monumental disparate!

¿Qué resultará de la aprobación de la reforma legislativa en materia de lavado de dinero? Hacerle la vida más difícil a las personas de bien, de por sí ya sobrecargadas con absurdas regulaciones y alimentar un poco más el apetito insaciable del fisco.

Policía única y otras distracciones

Por muchos años la clase política y la burocracia del sistema de justicia penal han eludido la reforma de éste, que no es sino el corazón del Estado. Pero curiosamente la forma de eludir el cambio de fondo no ha sido la negativa frontal a acometer la tarea, sino la simulación de cambios al estilo gatopardista.

Parte de ese eludir la reforma profunda y verdadera ha sido poner el acento en los cambios formales y destacar los aspectos técnicos del problema (marco legal, recursos, capacitación, producción de inteligencia policial). Otra triquiñuela muy socorrida es trasladar las responsabilidades de los servidores públicos a los particulares. Todo sea en aras de comprar tiempo y no cumplir la obligación de garantizar seguridad y justicia.

Parte de esta tradición fueron los 73 acuerdos pactados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en 2008, después de los actos de protesta por el secuestro y asesinato de Fernando Martí. Los suscriptores del acuerdo básicamente se comprometieron a hacer…lo que ya de por sí las leyes les ordenaban. Nada de compromisos concretos para reducir delito, violencia e impunidad. Nada de plazos perentorios para cumplirlos. Nada de sanciones para quien no cumpliera.

Pero ni siquiera esos acuerdos puramente formales han sido cumplidos a cabalidad, pues de hecho los acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad Pública no tienen efectos vinculantes. A lo sumo el incumplimiento se penaliza con la suspensión de flujo de ciertos fondos públicos, lo que en realidad redunda en perjuicio de los gobernados.

Entre los acuerdos de 2008 estuvo el de establecer el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), el cual debería servir para abatir el secuestro ¿Resultado? Hoy el país sufre más secuestros que nunca en su historia.

Los funcionarios policiales que promovieron la medida sabían que de poco o nada serviría. De cualquier modo la impulsaron, en aras de comprar tiempo, de seguir en los cargos, prendidos a la ubre presupuestal y al poder que todavía da en el mundo del hampa la “charola”.

La nueva panacea es el mando único del gobernador sobre las policías municipales. Si ello no funciona vendrá la propuesta de una policía nacional única.

La unificación policial se justifica aduciendo que las policías municipales son tan débiles que por eso han resultado presa fácil del crimen organizado. Se olvida decir que si adolecen de tal debilidad no es porque ello sea inherente a las corporaciones policiales relativamente pequeñas, sino al ninguneo que han sufrido por décadas.

Pero a la premisa menor de la debilidad de las policías municipales en México se añade la premisa mayor de la supuesta superioridad de la organización policial unificada y centralizada, como si eso fuera una ley universal, cuando que no lo es.

En Estados Unidos hay 16 mil agencias de aplicación de la ley, la gran mayoría muy pequeñas que corresponden a los condados y sin embargo la policía estadounidense es más eficaz que policías centralizadas, como la de Francia o la de Italia. Pero hace 20 ó 30 años la policía del vecino país era mucho menos eficiente, a pesar de tener la misma organización muy fragmentada.

Colombia tiene hoy una policía nacional crecientemente eficaz, pero no la tuvo durante la mayor parte de sus 117 años de existencia.

De modo que el tipo de organización policial es secundario. Lo importante son las políticas.

¿Ayudarán a resolver el problema los mandos únicos estatales o una policía nacional? No.

¿Deberían aprobarse entonces estos proyectos? Sí y cuanto antes mejor, para quitar más excusas a los simuladores gatopardistas y hacer evidente la desnudez del rey.

• Inseguridad / Crimen • Serie: ¿Cómo vencer la violencia?

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