La violencia sigue marcando a nuestro país. A pesar de los constantes aumentos en los presupuestos de seguridad pública y procuración de justicia, o de la integración de las fuerzas armadas a la lucha contra el crimen organizado, las ejecuciones perpetradas por el crimen organizado continúan en ascenso año con año.

Este 6 de abril se encontraron 59 cuerpos en el municipio de San Fernando, el mismo en el que en 2010 se hallaron los cuerpos de 72 migrantes indocumentados provenientes de Centro y Sudamérica. El número total de muertos por ejecución en el primer trimestre del 2011 rebasó los 3,100. Esto apunta a que en el año se rebasarán las 12 mil muertes. Será el nivel más elevado de la historia. El número de ejecuciones es más de seis veces superior al que se registraba en el último año del gobierno anterior en 2006.

Estas cifras apuntan a un fracaso del gobierno de la república en lo que debe ser su principal responsabilidad. La razón de ser del Estado es la protección de los ciudadanos. Cuando el gobierno pierde el monopolio de la fuerza, y la capacidad para defender a los gobernados de los abusos de los criminales, pierde también su razón de ser.

La ejecución a fines de marzo de Juan Francisco Sicilia, hijo de 24 años del reconocido poeta católico Javier Sicilia, en Temixco, Morelos, ha vuelto a concentrar la atención de la sociedad. Ya lo hicieron con anterior las muertes del hijo secuestrado de Alejandro Martí o de la hija también secuestrada de Nelson Vargas. Son casos que generan reacciones de la sociedad por la notoriedad de las víctimas. Pero la preocupación de fondo surge de la acumulación de miles de víctimas de ejecuciones y de otros delitos con el paso de los tiempos y con la situación de impunidad que parece prevalecer en nuestro país.

La vida de muchos mexicanos ha sido afectada por esta oleada de violencia. En el caso de los muertos, por supuesto, el cambio es total. Pero lo es también el de las familias. En Ciudad Juárez hay miles de huérfanos cuyo futuro ha sido truncado de manera definitiva por la muerte de sus padres. Pero además miles de familias, particularmente del norte del país, han tenido que abandonar sus hogares por la inseguridad en sus ciudades. Juárez es sin duda la ciudad más afectada, pero también lo están otras como Tampico y Torreón. El abandono de estas familias, muchas de las cuales se han establecido en Estados Unidos, disminuye la actividad económica en las zonas donde estaban asentadas.

No hay muchas esperanzas de que la situación pueda solucionarse pronto. En una entrevista en el marco de la 28ª Conferencia Internacional contra las Drogas, el secretario de seguridad pública Genaro García Luna señaló que habrá que esperar hasta el año 2015 para que empiece a disminuir la violencia en nuestro país. En los últimos años, de hecho, lo que hemos visto es más bien un aumento constante de la violencia.

Quizá algunos funcionarios públicos puedan predecir con confianza que en algunos años más, después incluso de que termine el actual gobierno y presuntamente su propio desempeño en el cargo, terminará la violencia. Para quienes están perdiendo a sus familiares en esta guerra, sin embargo, es poco alentador que las propias autoridades que tendrían la responsabilidad de proteger a los ciudadanos nos digan que en cuatro años empezará a disminuir esta violencia.