Pesos y contrapesos
Oct 3, 2011
Arturo Damm

Gobierno, ¡una arbitrariedad más!

El problema es la incapacidad del gobierno para combatir con eficacia al crimen, no los casinos y los juegos de azar.

Imaginemos, para empezar, que un grupo de sicarios (como pomposamente se le llama a los asesinos a sueldo), lanzan una bomba incendiaria al interior de una panadería; que el artefacto explosivo estalla y que, como consecuencia de la conflagración (palabra que no solamente es sinónimo de guerra sino también de incendio), el expendio de pan se prende en llamas; que por obra y gracia del incendio mueren algunos (o muchos, o todos) de los clientes que, en esos momentos, se encontraban en la panadería comprando pan (pan que, tratándose sobre todo del de dulce, es una de las glorias culinarias de este país).

Imaginemos, para continuar, que el gobierno decide, a partir de lo sucedido en la panadería, no volver a dar un solo permiso para la apertura de más panaderías en el país, desde Tijuana hasta Cancún, desde Reynosa hasta Tapachula. Esa prohibición, ¿no sería absurda? ¿No violaría el derecho al trabajo, reconocido y garantizado en el artículo quinto constitucional, en el cual se lee que “a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, sobre todo si por lícito entendemos, ¡como debe ser!, no delictivo por su propia naturaleza? Esa prohibición, ¿no debe ser calificada como arbitraria? Sí, claro que sí.

Dejemos de imaginar y vayamos a un caso real, el del Casino Royale (de claras referencias bondianas: “Bond, James Bond”), que por conocido no hace falta reseñar, y a partir del cual la Secretaría de Gobernación anunció, por conducto del mismísimo Blake Mora, que en México el gobierno no dará más permisos para la apertura de casinos, lo cual, de entrada, me lleva a las siguientes preguntas: 1) ¿quién es el gobierno para decidir en qué sí, y en qué no, se invierte, sobre todo tratándose de actividades económicas lícitas, es decir, no delictivas por su propia naturaleza, tal y como es el caso de los juegos de azar?; 2) esa prohibición, ¿no viola el derecho al trabajo (emprender, invertir, producir, ofrecer bienes y servicios, etc.), reconocido y garantizado en el artículo quinto constitucional?; 3) si se prohíbe la apertura de nuevos casinos, ¿por “justicia” no deberían de clausurarse los que ya operan?; 4) los casinos y los juegos de azar, en sí mismos, ¿son el problema?, o el problema es la incapacidad del gobierno para combatir con eficacia al crimen (lo cual supone, antes que otra cosa, la honestidad, ya que la deshonestidad de la autoridad, sobre todo tratándose de la policía, es directamente proporcional a su ineficacia).

Tal vez ahora entendamos por qué, en materia de libertad económica, según el Indice de Libertad Económica 2011 - 2012, del Fraser Institute, México ocupa, entre 141 naciones, el lugar 75, con una calificación, sobre 10, de 6.78, todo lo cual se resume en una palabra, ¡mediocridad!, con un agravante: en el índice 2010 – 2011, el lugar de México, entre los mismos 141 países, fue el 68, y la calificación, nuevamente sobre 10, fue de 6.87. Empeoramos.



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