Una y otra vez nos enteramos de noticias como ésta: “Bloquean manifestantes entrada a la SCT”, noticia ante la cual pregunto si bloquen o los dejan bloquear y si hay o no gobierno, cuya tarea es hacer valer los derechos de los gobernados, mismos que son violados por marchas, plantones, bloqueos y demás manifestaciones por el estilo. Las respuestas a mis preguntas son, en el caso de la primera, que los dejan bloquear y, en el caso de la segunda, que no hay gobierno, ¡toda una vergüenza!, consecuencia de lo que ya se volvió uso y costumbre: el triunfo de la arbitrariedad sobre la autoridad.

Por más que se quieran presentar tales marchas, plantones, bloqueos como manifestaciones de la lucha popular a favor de la justicia social, o de cualquier otra lucha, a favor de cualquier otra causa, ello no deja de ser una flagrante violación del Estado de Derecho, definido como el gobierno de las leyes justas, siendo tales las leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, entres los cuales se encuentra la libertad, una de cuyas dimensiones es la libertad de tránsito.

Y quiero poner énfasis en lo de flagrante violación del Estado de Derecho, es decir, en lo de la violación del Estado de Derecho que, por ser tan evidente, por estar tan a la vista, no necesita pruebas ni requiere demostraciones: las autoridades están viendo lo que está pasando (se están violando derechos de terceros, pagando justos por pecadores) y saben quienes son los violadores (los marchistas, “plantistas”, bloqueadores y demás “luchadores sociales”), y no hacen nada para evitar el triunfo de la arbitrariedad sobre la autoridad, siendo que en muchos casos es exactamente lo contrario: lo permiten, consecuencia del cinismo, la deshonestidad, y vayamos a saber cuántas otras actitudes y conductas reprobables, y no me refiero a “la tropa”, que no hace más que obedecer órdenes, sino a “los mandos superiores”, que no mandan lo que deben mandar: evitar el triunfo de la arbitrariedad sobre la autoridad, en función de lo que debe ser: defender los derechos de los gobernados, única tarea, ¡dicho sea de paso para que no lo olvidemos!, que justifica la existencia del gobierno.

Si el gobierno, considerado genéricamente, no puede (¿o debo decir no quiere?), en todo lo relacionado con marchas, plantones y bloqueos, que son delitos que se cometen de manera flagrante, hacer valer la autoridad sobre la arbitrariedad, lo cual supone de entrada hacer respetar el artículo 11 de la Constitución, en el cual se reconoce y garantiza la libertad de tránsito, ¿qué nos hace pensar que con relación a otros delitos sí actuará de manera honesta y eficaz? Quien no puede con los menos, ¿podrá con lo más? Claro que, en este caso, no se trata de lo que se puede, sino de lo que se quiere. No es que no puedan, es que no quieren, siendo éste no querer más grave que aquel no poder. Estamos fastidiados, y así seguiremos.